redolarizacion


Buenos Aires, 5 de marzo de 2003.
Autos y Vistos; Considerando:
1) Que la Provincia de San Luis interpone la pre­sente acción de amparo sobre la base de lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Banco de la Nación Argentina, y el Banco Central de la República Argentina como entidad responsable del pago de los plazos fijos de los que estitular el Estado provin­cial. Persigue por esta vía que se declare la inconstitucio­nalidad de los arts. 2 y 12 del decreto 214/02, del decreto 1570/01, del decreto 320/02, y que se disponga que el Banco Central o el Banco de la Nación Argentina le entreguen a la provincia dólares billetes de los plazos fijos que individua­liza, o su equivalente en pesos según el valor de la moneda estadounidense en elmercado libre de cambios al tipo vende­dor del día anterior al vencimiento de la obligación. A esos efectos indica que las normas que regulan la cuestión afectan garantías de jerarquía constitucional y que impiden reconocer validez al "corralito financiero" y a la pesificación compul­siva en tanto no tienen cabida dentro del "estándar" de una restricción razonable de los derechos. Afirma que lasdispo­siciones que impugna destruyen y confiscan su derecho de pro­piedad reconocido en el art. 17 de la Constitución Nacional y, también, en el art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica que determina que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y que no puede ser privada de ellos, excepto de mediar el pago de una indemnización justa, y apoyada esa pri­vación en razones de utilidadpública o interés social en los casos y formas establecidos en las leyes.
En ese orden de ideas también sostiene que exigirle a la provincia que soporte la pesificación compulsiva agravia de manera indudable la "sustantividad" del derecho de propie­dad. Al efecto arguye que al derogarse la convertibilidad la obligación de devolver los depósitos en dólares deja de ser una obligación de dar sumasde dinero para convertirse en una obligación de dar cosas. De tal manera, indica, el interés del ahorrista sólo se satisface "cuando se le reintegra la cantidad de dólares estadounidenses (cosas, ya no moneda con­vertible) que tenía depositado. O si se quiere, y ante una eventual falta de dólares en el mercado, dicho interés queda­ría satisfecho por la cantidad necesaria de pesos...para ad­quirirlos dólares depositados, conforme la cotización que arroje el mercado cambiario libre...pagarle a la Provincia $ 1,40 por cada dólar constituye un agravio a la sustantividad del derecho, toda vez que el valor de la moneda supera en el mercado libre los $ 2".
2) Que la actora remarca que si esta afectación puede ser planteada por cualquier clase de ahorrista, tanto o más digno de protección es elderecho del Estado provincial de que se proteja su patrimonio destinado a la satisfacción de necesidades públicas. Expone asimismo que negarle a las autoridades de un gobierno provincial que disponga de los fondos que el respectivo Estado depositó en plazos fijos en dólares en el Banco de la Nación Argentina, cuando la causa de esa indisponibilidad es una norma del Estado Nacional, implica porparte de este último un contundente incumplimien­to a su mandato constitucional de garantizar el sistema fede­ral. Esa garantía revela la necesidad de cumplir con dos as­pectos, uno, proveer al desarrollo económico y el bienestar de los estados provinciales, el otro abstenerse de incurrir en hechos, actos u omisiones que perturben o impidan su desa­rrollo. Según manifiesta ello es lo que sucede en elcaso, porque además de no cumplirse con la remisión oportuna de los fondos de coparticipación, el Estado Nacional ha adoptado medidas que le impiden a la Provincia de San Luis subvenir a las necesidades de su gobierno al no poder disponer de los recursos que posee depositados en los plazos fijos en cues­tión. De tal manera las medidas adoptadas resultan repugnan­tes también a los arts. 1, 5 y...