REVOCACION
Páginas: 31 (7595 palabras)
Publicado: 5 de febrero de 2015
REVOCACION, PROCEDENCIA DEL RECURSO EN MATERIA FISCAL
Conforme al artículo 161 del Código Fiscal de la Federación, la revocación sólo procederá contra resoluciones administrativas en las que se determinen créditos fiscales. Es de notarse que dicho precepto no exige que se trate de créditos fiscales determinados en cantidad líquida, ni exige que se trate de resoluciones en que se haga elcobro en forma directa al causante, sino que basta que de la resolución resulte la determinación de un crédito fiscal, aunque el mismo no se encuentre aún liquidado, o aunque no se haya procedido aún a hacer al causante el cobro relativo. Luego, si la resolución de que se trata señaló para la causante una utilidad gravable mayor que la declarada, de dicha resolución viene a derivarse contra la propiacausante, en principio, un crédito fiscal, independientemente de que no se le haya liquidado ni hecho el cobro en forma definitiva. Y en tales condiciones, no hay motivo legal para desechar el recurso de revocación interpuesto, pues la causante tiene derecho a hacer valer ese recurso para la mejor defensa de sus intereses, sin tener que esperar a situaciones más onerosas para ella, ya por lasituación administrativa procesal que pueda surgir, ya por la obligación de pagar recargos a razón de un 24% anual, que resulta un interés moratorio extremadamente elevado. Por lo demás, el fin de los recursos es dar a los afectados las mejores oportunidades para la defensa de sus derechos, y así deben ser interpretados al examinar su procedencia, y no como laberintos o trampas procesales que estorbenla defensa de esos derechos.
Suspensión en materia fiscal
Marco normativo
Análisis del artículo 208 bis del CFF
Transitorios
Suspensión en materia fiscal
El privilegio del principio de la garantía del interés fiscal trasciende al de la vía de ejecución, que marca una línea divisoria entre los poderes administrativo y judicial. En esto y en la circunstancia de que la Constituciónprohíbe la autoejecución, se apoyaron los argumentos señalados en el siglo XIX para negar constitucionalidad a dicha facultad de la hacienda pública con fuerza de autoridad.
Ignacio L. Vallarta se ocupó del tema en su Estudio sobre la constitucionalidad de la facultad económico coactiva, Monterrey 1885, citado por el destacado procesalista Humberto Briseño Sierra[1] y puso especial cuidado en negarque en su empleo se ejerciera violencia. "(...) Llamar violencia al ejercicio de las atribuciones que la ley concede a las autoridades, es sublevarse de tal modo no va contra toda noción jurídica, sino contra las simples indicaciones del buen sentido, que si como doctrina esa réplica llegara a establecerse, sería sólo sobre las ruinas del orden social (...)".
Pero ni en la Constitución de 1857ni en sus modificaciones de 1917, se habla de dicha facultad. Para apoyar su constitucionalidad, Vallarta acudió a la teoría y no a la ley misma. Invocó la ley de 20 de enero de 1837, el decreto de 20 de noviembre de 1838 y la ley de 18 de noviembre de 1869; pero respecto a la Constitución, sólo aludió al artículo 31 que imponía la obligación de contribuir.
El argumento teórico más espectacularfue el principio de que "el fisco no pelea despojado", aplicable a la materia tributaria, porque"(...) tratándose de deudas líquidas, provenientes del pago del impuesto, en este caso el derecho que el fisco reclama, le corresponde en virtud de la regalía, como decían los jurisconsultos antiguos; lo exige en nombre de la soberanía nacional, como lo enseñan los publicistas modernos; y tal derechoque no se discute ante tribunal alguno, a la vez que establece a favor del fisco una presunción que no cede sino ante la prueba contraria (...)".
De acuerdo con el texto transcrito, la regla general es que, tratándose del cobro de impuestos, multas y pagos fiscales, la suspensión se conceda, previo depósito de la cantidad que el fisco cobre al afectado. Esta regla, que es un rezago de la idea...
REVOCACION, PROCEDENCIA DEL RECURSO EN MATERIA FISCAL
Conforme al artículo 161 del Código Fiscal de la Federación, la revocación sólo procederá contra resoluciones administrativas en las que se determinen créditos fiscales. Es de notarse que dicho precepto no exige que se trate de créditos fiscales determinados en cantidad líquida, ni exige que se trate de resoluciones en que se haga elcobro en forma directa al causante, sino que basta que de la resolución resulte la determinación de un crédito fiscal, aunque el mismo no se encuentre aún liquidado, o aunque no se haya procedido aún a hacer al causante el cobro relativo. Luego, si la resolución de que se trata señaló para la causante una utilidad gravable mayor que la declarada, de dicha resolución viene a derivarse contra la propiacausante, en principio, un crédito fiscal, independientemente de que no se le haya liquidado ni hecho el cobro en forma definitiva. Y en tales condiciones, no hay motivo legal para desechar el recurso de revocación interpuesto, pues la causante tiene derecho a hacer valer ese recurso para la mejor defensa de sus intereses, sin tener que esperar a situaciones más onerosas para ella, ya por lasituación administrativa procesal que pueda surgir, ya por la obligación de pagar recargos a razón de un 24% anual, que resulta un interés moratorio extremadamente elevado. Por lo demás, el fin de los recursos es dar a los afectados las mejores oportunidades para la defensa de sus derechos, y así deben ser interpretados al examinar su procedencia, y no como laberintos o trampas procesales que estorbenla defensa de esos derechos.
Suspensión en materia fiscal
Marco normativo
Análisis del artículo 208 bis del CFF
Transitorios
Suspensión en materia fiscal
El privilegio del principio de la garantía del interés fiscal trasciende al de la vía de ejecución, que marca una línea divisoria entre los poderes administrativo y judicial. En esto y en la circunstancia de que la Constituciónprohíbe la autoejecución, se apoyaron los argumentos señalados en el siglo XIX para negar constitucionalidad a dicha facultad de la hacienda pública con fuerza de autoridad.
Ignacio L. Vallarta se ocupó del tema en su Estudio sobre la constitucionalidad de la facultad económico coactiva, Monterrey 1885, citado por el destacado procesalista Humberto Briseño Sierra[1] y puso especial cuidado en negarque en su empleo se ejerciera violencia. "(...) Llamar violencia al ejercicio de las atribuciones que la ley concede a las autoridades, es sublevarse de tal modo no va contra toda noción jurídica, sino contra las simples indicaciones del buen sentido, que si como doctrina esa réplica llegara a establecerse, sería sólo sobre las ruinas del orden social (...)".
Pero ni en la Constitución de 1857ni en sus modificaciones de 1917, se habla de dicha facultad. Para apoyar su constitucionalidad, Vallarta acudió a la teoría y no a la ley misma. Invocó la ley de 20 de enero de 1837, el decreto de 20 de noviembre de 1838 y la ley de 18 de noviembre de 1869; pero respecto a la Constitución, sólo aludió al artículo 31 que imponía la obligación de contribuir.
El argumento teórico más espectacularfue el principio de que "el fisco no pelea despojado", aplicable a la materia tributaria, porque"(...) tratándose de deudas líquidas, provenientes del pago del impuesto, en este caso el derecho que el fisco reclama, le corresponde en virtud de la regalía, como decían los jurisconsultos antiguos; lo exige en nombre de la soberanía nacional, como lo enseñan los publicistas modernos; y tal derechoque no se discute ante tribunal alguno, a la vez que establece a favor del fisco una presunción que no cede sino ante la prueba contraria (...)".
De acuerdo con el texto transcrito, la regla general es que, tratándose del cobro de impuestos, multas y pagos fiscales, la suspensión se conceda, previo depósito de la cantidad que el fisco cobre al afectado. Esta regla, que es un rezago de la idea...
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