Seguridad Ciudadana E Investigacion Criminal

De la Ley de Seguridad Ciudadana y otras Deformas al Sistema Penal

Carlos Andrés Guzmán Díaz[1]



Hace un año, en este mismo escenario, nos preguntábamos si la legislación actual se amoldaba a la descripción que del derecho penal del enemigo se ha hecho. Se respondía negativamente, pero se advertían ciertos síntomas, que lo aproximaban a un modelo neopunitivista o expansivo. También seindicaban los destinatarios pasados, presentes y se atisbaban los próximos enemigos, cuya indeseabilidad se trataba no sólo con normas sustantivas, sino también procesales.



Ahora, esa punitivización indiscriminada, a la manera de un “yerbatero” social se ha visto reflejada, principalmente, en dos normas, la Ley de Seguridad Ciudadana (ley 1453 de 2011) y el “nuevo” Estatuto Anticorrupción(Ley 1474 de 2011), que han incidido considerablemente en todo el aparato penal.



Me referiré en primer lugar a la Ley 1453 de 2011, denominada Ley de Seguridad Ciudadana. Esta normatividad estuvo precedida por la Ley 1142 de 2007, cuya denominación fue “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 600 de 2000 y 599 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención yrepresión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana. Esta ley empezó a discutirse en el año 2006, como consecuencia de un proyecto presentado por el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación. La fecha coincide con el inicio del segundo periodo presidencial del gobierno de la seguridad democrático.



Ahora, al iniciar el gobierno delpresidente Santos, fue presentado un nuevo proyecto por el ministro del interior, ministro de defensa y el entonces fiscal general encargado, encaminado a fortalecer la seguridad ciudadana. ¿El modelo de seguridad ciudadana del año 2007 fracasó? ¿o no fue lo suficientemente represivo?



El concepto de seguridad que se manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar el orden como unaexpresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales. Así, desde la perspectiva de losderechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia einseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados[2]



Ahora bien, en esta oportunidad nos ocuparemos de determinar cuál ha sido el impacto de estas reformas al sistema penal acusatorio.



Mediante el Acto Legislativo No. 02 de 2003, con el que se reformó la Constitución Política, los colombianos asumimos un modelo de enjuiciamiento penal que se identifica conunos mínimos parámetros de un modelo acusatorio o adversativo, esto es, separación entre quien investiga y quien juzga; la implementación de juicios públicos, concentrados, con inmediación y orales; así como la limitación de la posibilidad de restringir derechos fundamentales a una de las partes, es decir, a la Fiscalía.



Esa reforma, determinó la promulgación de la Ley 906 de 2004, por mediode la cual se introdujeron fuertes modificaciones, como la incorporación del principio de oportunidad, los acuerdos y la aceptación de los cargos. A su vez, se incorporó la figura del juez con función de control de garantías, quien tiene la labor de evaluar o autorizar las afectaciones a los derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal, de tal suerte que una de las tareas es la de...