Sentencia 59 20

DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 20 de febrero de 2014.
No. 59
VISTOS:
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados:
"ZONAMÉRICA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS. Acción de nulidad" (Ficha No. 857/11).
RESULTANDO:
I) Que compareció el doctor Alberto FLORES ROSSI,
en representación de ZONAMÉRICA S.A., a demandar la declaración de
nulidad del Decreto del Poder Ejecutivo N°72/011, de fecha 16 de febrero
de 2011, por el cual se sustituyeron los arts. 4, 6 y 7 del Decreto N°
344/010, fijando nuevos plazos para los contratos de usuario directo e
indirecto de zona franca.
Expresó que el Decreto N° 344/010, antecedente y fundamento del
ahora impugnado, invadió materia reservada a la ley; fijó plazo a los
contratos de usuario e impuso obligaciones y prohibiciones a losparticulares sin ley habilitante. Además se arrogó inconstitucionalmente
competencias legales contraviniendo los principios de legalidad y
especialidad; se inmiscuyó en contratos privados suscritos por particulares
al amparo de la ley N° 15.921 y en contravención a los principios de
libertad y autonomía contractual; desconoció derechos adquiridos; alteró
sustancialmente el régimen de zonas francasque se venía aplicando, yendo
en contra de sus propios actos y de la práctica administrativa existente,
generando inseguridad jurídica y contrariando el principio de buena

administración, todo lo cual ameritó que la compareciente lo impugnara de
nulidad, en los autos de igual carátula Ficha N° 491/10.
Dijo que el decreto ahora atacado es ilegítimo por cuanto, al igual
que su antecedente, fijaplazos máximos a los contratos de usuario cuando
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la ley no lo estableció, además de prohibir la inclusión de las prórrogas
automáticas, las cuales no estaban prohibidas por la Ley N° 15.921.
Recordó que los contratos de usuario, por más que estén sujetos a la
aprobación de la Administración, son contratos privados, extremo que
marca un límite a la actuación del Estado en relación a estoscontratos. No
se trata de contratos administrativos, por ende, están presididos por los
principios básicos del régimen contractual privado, como el de
intangibilidad y autonomía privada de la voluntad.
Señaló que es ilegítima la solución del decreto de fijar un plazo
máximo al contrato, que la ley no previo, sino que lo dejó librado a la
voluntad de las partes.
Sostuvo que la Administración, cuandole es presentado un contrato
de usuario para su aprobación, solamente puede realizar un control de
legalidad, no de mérito o conveniencia; tratándose de actividad privada, la
actuación de la Administración está reglada por la naturaleza de los
derechos humanos en cuestión; el decreto es entonces ilegítimo, en tanto
pretende efectuar un control de mérito al analizar el contrato, máxime
cuando la leyno le cometió tal facultad.
Adujo que resulta ilegítimo que por vía de decreto se limite el plazo
máximo del contrato y se proscriba la posibilidad de pactar prórrogas
automáticas en los contratos de usuario de zona franca.

Por último, argüyó que para el caso que se entendiera que la
Administración ostenta facultades discrecionales para aprobar los contratos
de usuario de zona franca-afirmación con la que la actora discrepa-, esas
hipotéticas facultades discrecionales se habrían utilizado en forma ilegítima
en la especie.
En suma, solicitó la anulación del decreto resistido.
II) Corrido el correspondiente traslado, compareció la
demandada, la que evacuó el traslado conferido y contestó la demanda
entablada.
Señaló que el decreto impugnado es perfectamente legítimo y fue
dictado enejercicio de la potestad

discrecional conferida

a la

Administración por la Ley N° 15.921 para la aprobación de contratos de
usuario de zonas francas, la cual lleva implícita la posibilidad de fijar las
pautas y exigencias que deberán cumplir quienes aspiren a constituirse en
usuarios, como contrapartida de la peculiar condición que otorga,
caracterizado por ser un régimen tributario de excepción,...