Sentencia Constitucional 0770/2012
Páginas: 198 (49450 palabras)
Publicado: 27 de octubre de 2012
La derogación del delito de desacato del Código Penal era una cuenta pendiente de Bolivia ante la comunidad internacional, contraída mucho antes del Gobierno de Evo Morales.
La OEA considera, según informes sobre la libertad de expresión de 1995, 1998, 2000, 2002, 2004 y fundamentalmente por la Evaluación del Mecanismo Anticorrupción, que éste y otros delitos relativos al honor atentan contrala libertad de expresión y amedrentan las iniciativas anticorrupción.
Se estima, según evaluaciones, que las denuncias por desacato se originan constantemente para entorpecer las investigaciones judiciales o para amedrentar a los denunciantes, víctimas y testigos. Por ello, en julio de 2004 la OEA -en el informe anticorrupción referido- recomendó nuevamente a Bolivia derogar éste y otrosdelitos de su especie.
Lo que aparentemente tanto la oposición como los “expertos” desconocían es que el Gobierno estableció la derogación del desacato como obligación ante la comunidad internacional el 2010, a través del Plan de Acción elaborado por el Ministerio de Transparencia para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.
En el documento referido (tema4.4), como medida destinada a estimular la participación ciudadana en la gestión pública, se estableció el deber de excluir dicho delito del Código Penal en un plazo de tres meses bajo un presupuesto de 10.000 dólares. Dos años después, esta derogación no se ha producido. En cambio, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado el delito como inconstitucional.
Sin embargo, dos circunstanciasdeben resolverse. De inicio, debe producirse un debate público acerca del criterio de la Fiscalía General sobre la intensidad y esmero con los que elige perseguir y atender sólo ciertos delitos y revelar las razones por las que se decide concentrar recursos públicos insuficientes para defender “valores” en entredicho -como el honor de ciertos servidores públicos- desde siempre y mucho antes que elTC, el Parlamento o un juez se pronunciasen.
Ocurre lo contrario cuando el Ministerio Público y la Policía se pronuncian, que suelen pedir más recursos. Nadie sabe con qué eficiencia la “justicia” emplea aquellos recursos que pide y de hecho posee, y el desacato es un ejemplo más que claro.
Segundo. Las acusaciones por desacato exceden por mucho el enfrentamiento oposición-Gobierno. Con muchaprobabilidad, si se accediera a las denuncias y procesos por desacato, calumnias, injurias y difamaciones desde 1989, se revelarían muchos ejemplos sobre la existencia de conflictos políticos por corrupción y mal gobierno, amedrentamiento a colaboradores de la justicia o amenaza a los periodistas y defensores de los derechos civiles e intereses públicos.
Evidentemente, las denuncias pordesacato no pueden juzgar a nadie a partir de la inconstitucionalidad del delito; sin embargo, muchos procesos se han tramitado sólo con la finalidad de encubrir las peores prácticas y costumbres del sistema político nacional.
Históricamente, “narcovínculos” no deja de ser un ejemplo, casi olvidado, sobre el círculo de amedrentamiento y retractación que actualmente reveló el inconstitucional delito dedesacato y que en su tiempo se utilizó para defender el honor de algunos servidores públicos, como hoy también se pretendía.
La vigencia de ciertas leyes en Bolivia demuestra nuestra cultura política. Así, la utilización de la justicia y las costumbres policiales como estrategias de control político no son nuevas en Bolivia ni en el mundo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional declaróinconstitucional el delito de desacato y eliminó del Código Penal este delito por considerarlo inconstitucional y desigual. El fallo judicial 1250/2012 de 20 de septiembre pasado, pero dado a conocer ayer, determina que "el delito de desacato" (Artículo 162 del Código Penal) vulnera el derecho en el marco de convenios y tratados internacionales "y particularmente la Convención Americana de...
La OEA considera, según informes sobre la libertad de expresión de 1995, 1998, 2000, 2002, 2004 y fundamentalmente por la Evaluación del Mecanismo Anticorrupción, que éste y otros delitos relativos al honor atentan contrala libertad de expresión y amedrentan las iniciativas anticorrupción.
Se estima, según evaluaciones, que las denuncias por desacato se originan constantemente para entorpecer las investigaciones judiciales o para amedrentar a los denunciantes, víctimas y testigos. Por ello, en julio de 2004 la OEA -en el informe anticorrupción referido- recomendó nuevamente a Bolivia derogar éste y otrosdelitos de su especie.
Lo que aparentemente tanto la oposición como los “expertos” desconocían es que el Gobierno estableció la derogación del desacato como obligación ante la comunidad internacional el 2010, a través del Plan de Acción elaborado por el Ministerio de Transparencia para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.
En el documento referido (tema4.4), como medida destinada a estimular la participación ciudadana en la gestión pública, se estableció el deber de excluir dicho delito del Código Penal en un plazo de tres meses bajo un presupuesto de 10.000 dólares. Dos años después, esta derogación no se ha producido. En cambio, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado el delito como inconstitucional.
Sin embargo, dos circunstanciasdeben resolverse. De inicio, debe producirse un debate público acerca del criterio de la Fiscalía General sobre la intensidad y esmero con los que elige perseguir y atender sólo ciertos delitos y revelar las razones por las que se decide concentrar recursos públicos insuficientes para defender “valores” en entredicho -como el honor de ciertos servidores públicos- desde siempre y mucho antes que elTC, el Parlamento o un juez se pronunciasen.
Ocurre lo contrario cuando el Ministerio Público y la Policía se pronuncian, que suelen pedir más recursos. Nadie sabe con qué eficiencia la “justicia” emplea aquellos recursos que pide y de hecho posee, y el desacato es un ejemplo más que claro.
Segundo. Las acusaciones por desacato exceden por mucho el enfrentamiento oposición-Gobierno. Con muchaprobabilidad, si se accediera a las denuncias y procesos por desacato, calumnias, injurias y difamaciones desde 1989, se revelarían muchos ejemplos sobre la existencia de conflictos políticos por corrupción y mal gobierno, amedrentamiento a colaboradores de la justicia o amenaza a los periodistas y defensores de los derechos civiles e intereses públicos.
Evidentemente, las denuncias pordesacato no pueden juzgar a nadie a partir de la inconstitucionalidad del delito; sin embargo, muchos procesos se han tramitado sólo con la finalidad de encubrir las peores prácticas y costumbres del sistema político nacional.
Históricamente, “narcovínculos” no deja de ser un ejemplo, casi olvidado, sobre el círculo de amedrentamiento y retractación que actualmente reveló el inconstitucional delito dedesacato y que en su tiempo se utilizó para defender el honor de algunos servidores públicos, como hoy también se pretendía.
La vigencia de ciertas leyes en Bolivia demuestra nuestra cultura política. Así, la utilización de la justicia y las costumbres policiales como estrategias de control político no son nuevas en Bolivia ni en el mundo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional declaróinconstitucional el delito de desacato y eliminó del Código Penal este delito por considerarlo inconstitucional y desigual. El fallo judicial 1250/2012 de 20 de septiembre pasado, pero dado a conocer ayer, determina que "el delito de desacato" (Artículo 162 del Código Penal) vulnera el derecho en el marco de convenios y tratados internacionales "y particularmente la Convención Americana de...
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