Stc 198/2012, de 6 de noviembre de 2012

Por escrito registrado en el TC el 30 de septiembre de 2005, don Ignacio Astarloa Huarte-Mencicoa, actuando en condición de comisionado de otros 71 Diputados del Grupo Popular del Congreso, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, en relación al hecho de que se regula lavalidez de los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.
Por providencia de 25 de octubre de 2005, la Sección Segunda acordó admitir a trámite el recurso y, conforme al art. 34 LOTC, dio traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de 15 días.
Se personan en el recurso el Abogado delEstado en nombre del Gobierno y el Senado, no así el Congreso de los Diputados.
Por providencia de 6 de noviembre de 2012, se señalo para deliberación y votación del recurso de inconstitucionalidad el propio 6 de noviembre de 2012.
Respecto al objeto del recurso, este se dirige contra el primer apartado del artículo único de la Ley 13/2005, que añade un segundo párrafo al art. 44 CC, en virtuddel cual "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo". Los restantes apartados de dicho artículo único, así como las disposiciones adicionales primera y segunda, no hacen más que adaptar algunos preceptos del C.C. y de la Ley sobre el R.C. a la existencia de matrimonios del mismo sexo, por lo que su inconstitucionalidad es sóloconsecuencia del primer precepto mencionado.


La fundamentación jurídica de la demanda se basa en 8 motivos de inconstitucionalidad que se traducen en la infracción de los arts. 9.3, 10.2, 14, 32, 39.1 .2 y .4, 53.1 y 167 de la Constitución española. Aún así, es la vulneración del ART. 32 CE. la que podría fundamentar el recurso, ya que el resto de preceptos sólo resultarían vulnerados encaso de serlo también el art. 32 CE.
En definitiva, todos los preceptos constitucionales invocados por los recurrentes para sustentar su pretensión, el único que podría conducir a la declaración de inconstitucionalidad de toda la Ley, en caso de que se entienda vulnerado, es el art. 32 CE:
En primer lugar hay que tener en cuenta que el TC interpreta que el matrimonio en la constitución española esuna institución, y, simultaneamente, un derecho constitucional.
La sentencia analiza, a partir de aquí, si la ley recurrida "supone un menoscabo constitucionalmente inadmisible" de la institución y, por otra parte, si limita el citado derecho. Es decir, el tribunal pretende dar protección objetiva a la institución y, al mismo tiempo, garantizar el derecho al ciudadano.
En lo que respecta almatrimonio como garantía institucional, el TC concluye que tras las reformas introducidas en el Código civil por la Ley 13/2005 la institución matrimonial se mantiene en términos perfectamente reconocibles para la imagen que, tras una evidente evolución, “tenemos en la sociedad española actual del matrimonio, como comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dospersonas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común, prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que conforman la institución y manifestándolo expresamente mediante las formalidades establecidas en el ordenamiento. Así, la igualdad de los cónyuges, la libre voluntad de contraer matrimonio conla persona de la propia elección y la manifestación de esa voluntad son las notas esenciales del matrimonio, presentes ya en el Código civil antes de la reforma del año 2005, y que siguen reconociéndose en la nueva institución diseñada por el Legislador”.
“Estando claro que la única diferencia entre la institución matrimonial antes y después de 2005 se refiere al hecho de que los contrayentes...