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ACCIÓN POPULAR-Por violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público


ACCIÓN POPULAR-Finalidades/ACCIÓN POPULAR-Procedencia/ACCIÓN POPULAR-Presupuestos procesales

La acción popular está establecida en el artículo 88 de la C.P. y regulada por la ley 472 de 1998 como medio procesal para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivosrelacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que defina la ley. Y se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuandofuere posible.
Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.
Uno de los presupuesto procesales de la citada acción es la de indicar el derecho colectivo que con la acción u omisión de las autoridades o los particulares se haya violado o amenacen violar, yobviamente indicar la autoridad de la persona natural o jurídica o la autoridad pública responsable de la amenaza o del agravio. Pero especialmente el actor asume la responsabilidad de probar los fundamentos fácticos en que sustenta la violación o la amenaza.


ACCIÓN POPULAR-Derechos invocados en el caso que nos ocupa/ACCIÓN POPULAR-En el caso bajo estudio el actor tenía la obligación de probarlos supuestos fácticos que señalaban las acciones u omisiones

Para estructurar cualquiera de las dos causales argüidas como fundamento del ejercicio de la acción, el actor tenía la obligación de probar los supuestos fácticos que señalaban las acciones u omisiones en que habían incurrido las entidades demandadas.
Así por ejemplo, si alegó la moralidad administrativa debió expresar con claridadque norma del ordenamiento jurídico dejó de aplicar o aplicó indebidamente que hizo ilegal la actuación administrativa correspondiente, haciendo patente la desviación de las atribuciones del funcionario o corporación, transmutando el interés general por el particular, al punto que su actuación u omisión ponga en peligro el patrimonio del Estado con una eventual reclamación por parte del afectadopor los perjuicios causados.
En otras palabras le correspondía al actor demostrar además de la acción u omisión aquellos elementos subjetivos como conductas amañadas, irregulares y corruptas que favorecían al interés particular a costa de ignorar los fines y principios de la administración, como reiteradamente lo ha exigido la Jurisprudencia del Consejo de Estado; es decir, que la vulneración dela moral administrativa no puede ser un criterio subjetivo del actor, sino una conclusión objetiva de las conductas groseras, arbitrarias y alejadas de las normas en que debía sustentarse que indiquen palmariamente la intención del funcionario de violar los deberes propios de su cargo.
Y son precisamente estos elementos los que no se observan en el plenario. Por el contrario, como se dijo enpárrafos anteriores, el actor popular se limita a especular sobre cifras indeterminadas, de un número incierto de activos fijos productivos, que presume han sido objeto de negociación y adicionalmente, solicita el concurso de la DIAN para que levante un inventario de tales bienes y determine cuales de ellos habrían de ser objeto de la devolución contemplada en el inciso final del artículo 3º delDecreto 1776 de 2.004 y cuales no, a fin de establecer si eventualmente existe algún valor a restituir por parte de BP Exploration Company Colombia Limited al tesoro de la Nación, pero nótese cómo el demandante no hace una configuración concreta del cargo; es decir, no va más allá de conjeturar respecto de la negociación y sus eventuales consecuencias fiscales pero de modo alguno establece la manera...