Tareas varias

Algunas reflexiones sobre la incidencia de la Sentencia N° C-530/2000 de la Corte Constitucional en materia de ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la Junta Central de Contadores. El pasado 10 de mayo, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra los artículos 4, 5, 6, parágrafo art. 7o., 8-3, parágrafo art. 10, 16, 17(parcial, 19 (parcial), 20-3 y parágrafo 21 (parcial), 21-1. 25 (2-3-4-5); 26 (parcial), 28, 33 (2-4), 37 (parcial), 45, 52, 53 y 73 de la Ley 43 de 1990, "Por la cual se adiciona la Ley 43 de 1990, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones". El citado fallo, histórico para la profesión contable, deja sin piso la mayoría de los argumentos del actor, quien fundó loscuestionamientos a las normas demandadas en la llamada "Inconstitucionalidad por consecuencia", en atención a los criterios definidos por la misma Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 1997. Para el demandante la inexequibilidad de los preceptos acusados se deriva del fallo de septiembre de 1990, en virtud del cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para ese entoncestitular del control constitucional, declaró inexequibles algunos apartes del proyecto de ley objetado por el Gobierno Nacional en 1984 y que luego se convirtiera en la Ley 43 de 1990. Sin embargo, en opinión del alto tribunal, la decisión de la Corte Suprema de Justicia se circunscribió a algunas normas concretas, objetadas por el Gobierno Nacional en el examen previo de constitucionalidad delProyecto de ley, no a todos sus preceptos, sin que fuera por tanto de recibo, para el caso concreto de esa demanda, la doctrina de la inconstitucionalidad por consecuencia, en los términos señalados por el actor. A través del mencionado fallo, la Corte Constitucional determinó que el ejercicio de la profesión contable puede desarrollarse por profesionales de la Contaduría Pública de manera personal odirecta, a través de sociedades de contadores públicos, y por otro tipo de personas jurídicas que no reúnan los presupuestos necesarios - en cuanto a conformación y número de socios- para constituirse como sociedades de contadores públicos. Estimó, igualmente, que el derecho de asociación y la libertad de empresa justifican la existencia de las sociedades de contadores públicos, y consideróexequible la restricción de que por lo menos el 80% de sus socios tengan la calidad de contadores públicos, mas no que su representante legal de manera obligatoria deba ostentar tal condición. Reiteró esa Honorable Corporación la posición que de tiempo atrás había sido esbozada por la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que las funciones de inspección y vigilancia que ejerce la Superintendenciade Sociedades a nombre del Presidente de la República "difiere y puede coexistir" con la facultad que corresponde a la Junta Central de Contadores como órgano de inspección y vigilancia de la profesión contable. Determinó que se trata de dos controles diferentes, ambos derivados de la Carta Fundamental, que persiguen distintas finalidades y no son contrarios ni excluyentes. Así señaló que "... Lafunción de inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades sobre las sociedades de contadores está dirigida a verificar la información que de manera ocasional ella requiera sobre la situación jurídica, contable,

económica y administrativa, y a velar porque dichas sociedades en su formación, funcionamiento y desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos".Así, dijo que dicha inspección y vigilancia opera en si sobre la sociedad como institución, mas no en cuanto a la actividad profesional que desarrolla, y que se contrae específicamente a las actividades relacionadas con la ciencia contable, como se encuentran definidas por el art. 2 de la Ley 43/90. También se declaró exequible el artículo 10 de la citada ley, al considerar que los contadores...