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Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 12, 23, 28, 30, 35 y 39 (parciales) de la Ley 640 de 2001
Actor: Andrés de Zubiría Samper.
Magistrado Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con nuestro acostumbrado respeto, nos permitimos salvar el voto en el proceso D-3399, Sentencia C-893 del 22 de agosto de 2001, que decidió la demanda de inconstitucionalidad presentada por elciudadano de la referencia contra los artículos 12, 23, 28, 30, 35 y 39 (parciales) de la Ley 640 de 2001 "Por la cual se dictan normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones".
Los magistrados que salvamos el voto disentimos de la sentencia respecto de la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones"…y ante los conciliadores de los centros de conciliación autorizados paraconciliar en esta materia", contenida en el artículo 23;"…ante conciliadores de los centros de conciliación…" y "...ante los notarios...", contenidas en el artículo 28;"...requisito de procedibilidad..." y "...laboral...", contenidas en el artículo 35; el primer inciso del artículo 30 y el artículo 39 de la Ley 640 de 2001, mas no de la que derivó en la inconstitucionalidad de los artículos 12 y30, en su inciso final, con la cual estuvimos de acuerdo. Así entonces, este salvamento se restringirá a cuestionar los argumentos que fundamentaron las decisiones antes mencionadas.
1. Constitucionalidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Los suscritos magistrados que salvamos el voto en la sentencia de la referencia, coincidimos con la posición mayoritaria en algunos delos argumentos que sustentan la constitucionalidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
En efecto, muchos de los apartes de la providencia en cuestión fueron tomados directamente de la ponencia original, que fue derrotada en Sala Plena, en vista de que aquellos constituían la base discursiva que justificaba, desde el punto de vista constitucional, la existencia de losmecanismos alternativos para la solución de los conflictos jurídicos.
Por ejemplo, estamos de acuerdo con la mayoría en que se hubiera reconocido que por virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, la función de administrar justicia está a cargo de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia,
del Consejo de Estado,
del Consejo Superior de la Judicatura,
dela Fiscalía General de la Nación,
de los Tribunales,
los Jueces y
la justicia penal militar, que la ejercerán DE MANERA PERMANENTE.Efectivamente, el carácter esencial de la función de administración de justicia exige la institucionalización de organismos jurisdiccionales encargados de impartirla continuamente, sin interrupción ni obstáculo.
También coincidimos en que este derecho de acudirante los órganos de administración de justicia del Estado se deriva directamente delartículo 229 de la Carta y que aquél incluye la garantía de asistir libremente a la jurisdicción, como parte en un proceso, con el fin de obtener una decisión justa que ponga fin al conflicto.
Admitimos también la excepcionalidad de la función de administrar justicia por parte de ciertas autoridadesadministrativas, según lo autoriza el propio artículo 116 de la Carta, así como la transitoriedad de la misma potestad, en cabeza de particulares, cuando éstos actúan como conciliadores o árbitros habilitado por las partespara proferir fallos en derecho o en equidad.
Reconocemos que sería en todo contrario a la voluntad del constituyente, afirmar que dicha potestad puede ser conferida de otra manera que no seatransitoria u ocasional (aunque éste último vocablo no sea el empleado por la Constitución), y admitidos el carácter netamente voluntario que define los instrumentos alternativos de solución de conflictos en la medida en que son las partes las que habilitan al particular para resolver la controversia y que está en la voluntad de las mismas, decidir o rechazar la solución propuesta para la...