tecnico administrativo

I. Las razones de la sinrazón: la progresión del encarcelamiento de mujeres en el Sistema Penitenciario Federal
En las últimas décadas, el aumento sostenido y acelerado de la población penitenciaria femenina constituyó un fenómeno común a toda América Latina. En términos generales, este incremento se definió por el impulso de una política criminal centrada en los delitos relacionados con lacomercialización y el tráfico de estupefacientes, tal como lo demuestran las estadísticas penitenciarias regionales.1 En este contexto, la Argentina no fue la excepción. A continuación se desarro¬llan algunas líneas útiles para analizar el aumento de la privación de libertad de las mujeres en el ámbito federal, que servirán de base para abordar los siguientes capítulos.
En diciembre de 2007, lapoblación alojada en las dependencias del SPF en la Argentina estaba compuesta por 7984 varones y 1040 mujeres.2 Si bien la población penal es en su mayoría masculina, a partir de la década de 1990 la población femenina comenzó a crecer a un ritmo regular y sostenido. Aunque en su conjunto la cantidad de reclusos se incrementó de modo notorio a partir de 1990, el aumento de las mujeres encarceladases aún mayor. Entre 1990 y 2007, el número de detenidas en las cárceles federales creció en forma exponencial: según las cifras brindadas por el SPF, pasó de 298 en 1990, a 1039 en 2007, lo que implica un crecimiento del 350%.
A partir de 2007, se observa una disminución en los índices de encarceladas en el SPF, lo que no significa necesariamente una disminución del número de mujeres presas. Esamerma puede obe¬decer a distintas razones, como la transferencia a las jurisdicciones locales de la competencia para perseguir ciertos delitos vinculados a las drogas, o la sanción de la ley que incorporó a las mujeres emba¬razadas o con hijos pequeños a su cargo entre los supuestos en que procede el arresto domiciliario.3 Además, las cifras provistas por el SPF sólo dan cuenta de las detenidasen cárceles federales, pero no incluyen otros centros de detención, como los escuadrones de gen¬darmería, o aquellas mujeres que están privadas de su libertad por decisión de un juez federal y, sin embargo, están detenidas en cárce¬les provinciales.
Tal como sucede en el marco latinoamericano, este crecimiento se debe a la fuerte persecución de las infracciones relacionadas con la ley deestupefacientes o con su contrabando. La política contra las drogas –y su analogía con la guerra– fue instrumental para la promo¬ción de la represión, que se privilegió frente a la implementación de
políticas preventivas. En los procesos seguidos por tenencia, transporte, comercialización o contrabando de estupefacientes, las concepciones sobre las acciones privadas y los principios básicos –como los depro¬porcionalidad de las penas y las garantías procesales vinculadas con la libertad durante el proceso– se deterioraron por completo.4 La persecución de este tipo de delitos y la privación de la libertad en estos casos, muchas veces en modo cautelar, fueron validadas por los distintos agentes del sistema penal. Estos criterios restrictivos de las garantías individuales, junto con la imposición deencarcelamientos preventivos al margen de las normas constitucionales, pueden iden¬tificarse como antecedentes del aumento de la población carcelaria femenina. Cabe destacar que en los últimos tiempos ha variado el rumbo de la jurisprudencia regresiva. Este cambio tuvo lugar, en espe¬cial, a partir de algunas decisiones judiciales emitidas por la Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidadde las normas que penalizan la tenencia de estupefacientes para consumo personal, y la invalidez de la denuncia penal efectuada por un profesional de la salud que tomó conocimiento de un hecho delictivo –ingesta de estu¬pefacientes– en el ejercicio de su profesión.
Es importante considerar que los delitos vinculados a las drogas se estructuran en complejas redes y jerarquías sociales que...