Tratado Y La Consititucion
Páginas: 26 (6333 palabras)
Publicado: 2 de noviembre de 2012
¿Según el tema sobre derecho de los tratados y el tema del bloque de constitucionalidad explique que posibles vicios de nulidad o de inconstitucionalidad tiene el tratado de libre comercio con estados unidos de américa. Presente al menos 3 cuestionamientos fundamentados.
En los debates jurídicos y políticos sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y los Estados Unidos sepresentan dos posiciones sobre la constitucionalidad del acuerdo: una que advierte que el TLC contiene normas que extralimitan el ámbito comercial, y generan un marco normativo de protección a la inversión que contraviene abiertamente los fundamentos de la Constitución de 1991 y desvirtúan al estado social de derecho. La otra que indica que desde el preámbulo de la Carta está consagrado el deber delestado de promover el bienestar social y la integración económica con los países latinoamericanos, pero no como un mandato excluyente frente al proceso de globalización del comercio, por ello la Corte Constitucional declaró exequible el Acuerdo de Marrakech, mediante el cual se adoptaron los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La primera posición recalca que los principioscomerciales transversales al TLC contenidos en el capitulo 10 del Acuerdo, vulneran el ordenamiento constitucional, pues no sólo comprometen derechos fundamentales y colectivos, sino que implican una reforma de facto a la parte orgánica y funcional de la Constitución, como un desconocimiento de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional con base en los cuales el estado debepromover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas.
Con el TLC, el país se comprometerá a observar, sin posibilidad de dar marcha atrás, un marco jurídico de largo plazo que desconoce y suplanta al estado social de derecho. Por ejemplo, los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida limitan la facultad de intervención económica tanto del Ejecutivo(Art. 334 C.P.) como del Congreso Nacional (numeral 21 del Art. 150 C.P.), dado que el estado no podrá aplicar ninguna medida tendiente a proteger o favorecer el desarrollo económico de un determinado grupo o sector de la economía nacional sin hacer extensivos dichos beneficios a la inversión o inversionistas de Estados Unidos, pues el Artículo 10.3 del TLC prohibe tal situación.
Es apenaslógico que para alcanzar los fines esenciales del estado social de derecho determinados en el artículo 2 de la Constitución Política, como promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de la ciudadanía, el estado necesita autonomía para establecer medidas económicas sin que las mismas se hagan extensivas a los inversionistas o inversiones de los Estados Unidos, pues paraalcanzar metas como promover la competitividad y la productividad puede ser necesario proteger la producción nacional.
El artículo 10.3 del TLC inhibe la autonomía del Gobierno Nacional en la dirección general de su economía. Con ello contraviene el Artículo 334 de la Carta, que fue establecido para permitir al Gobierno Nacional intervenir en la economía de forma autónoma para cumplir los finesdel estado social de derecho. Esto atenta contra la especial protección que el artículo 65 de la Carta hace al sector agropecuario, ya que el estado colombiano no puede establecer ninguna medida para proteger a los productores nacionales frente a la competencia inequitativa de los productos subsidiados provenientes de Estados Unidos, que continuarán siendo subsidiados pues en el TLC sólo se hizouna declaración de buenas intenciones para que los mismos sean desmontados en el marco de la OMC (Capitulo dos, sección G, Artículo 2.16, párrafo 1 del TLC).
El TLC resulta incompatible con el estado interventor, pues la facultad interventora queda supeditada a la protección de la inversión y de los inversionistas de Estados Unidos. Impone una camisa de fuerza en materia de concepción...
En los debates jurídicos y políticos sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y los Estados Unidos sepresentan dos posiciones sobre la constitucionalidad del acuerdo: una que advierte que el TLC contiene normas que extralimitan el ámbito comercial, y generan un marco normativo de protección a la inversión que contraviene abiertamente los fundamentos de la Constitución de 1991 y desvirtúan al estado social de derecho. La otra que indica que desde el preámbulo de la Carta está consagrado el deber delestado de promover el bienestar social y la integración económica con los países latinoamericanos, pero no como un mandato excluyente frente al proceso de globalización del comercio, por ello la Corte Constitucional declaró exequible el Acuerdo de Marrakech, mediante el cual se adoptaron los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La primera posición recalca que los principioscomerciales transversales al TLC contenidos en el capitulo 10 del Acuerdo, vulneran el ordenamiento constitucional, pues no sólo comprometen derechos fundamentales y colectivos, sino que implican una reforma de facto a la parte orgánica y funcional de la Constitución, como un desconocimiento de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional con base en los cuales el estado debepromover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas.
Con el TLC, el país se comprometerá a observar, sin posibilidad de dar marcha atrás, un marco jurídico de largo plazo que desconoce y suplanta al estado social de derecho. Por ejemplo, los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida limitan la facultad de intervención económica tanto del Ejecutivo(Art. 334 C.P.) como del Congreso Nacional (numeral 21 del Art. 150 C.P.), dado que el estado no podrá aplicar ninguna medida tendiente a proteger o favorecer el desarrollo económico de un determinado grupo o sector de la economía nacional sin hacer extensivos dichos beneficios a la inversión o inversionistas de Estados Unidos, pues el Artículo 10.3 del TLC prohibe tal situación.
Es apenaslógico que para alcanzar los fines esenciales del estado social de derecho determinados en el artículo 2 de la Constitución Política, como promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de la ciudadanía, el estado necesita autonomía para establecer medidas económicas sin que las mismas se hagan extensivas a los inversionistas o inversiones de los Estados Unidos, pues paraalcanzar metas como promover la competitividad y la productividad puede ser necesario proteger la producción nacional.
El artículo 10.3 del TLC inhibe la autonomía del Gobierno Nacional en la dirección general de su economía. Con ello contraviene el Artículo 334 de la Carta, que fue establecido para permitir al Gobierno Nacional intervenir en la economía de forma autónoma para cumplir los finesdel estado social de derecho. Esto atenta contra la especial protección que el artículo 65 de la Carta hace al sector agropecuario, ya que el estado colombiano no puede establecer ninguna medida para proteger a los productores nacionales frente a la competencia inequitativa de los productos subsidiados provenientes de Estados Unidos, que continuarán siendo subsidiados pues en el TLC sólo se hizouna declaración de buenas intenciones para que los mismos sean desmontados en el marco de la OMC (Capitulo dos, sección G, Artículo 2.16, párrafo 1 del TLC).
El TLC resulta incompatible con el estado interventor, pues la facultad interventora queda supeditada a la protección de la inversión y de los inversionistas de Estados Unidos. Impone una camisa de fuerza en materia de concepción...
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