Tribunal de cuentas en panama

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Tribunal de Cuentas.

Se introduce el Capítulo IV al Título IX de la Hacienda Pública denominado Tribunal de Cuentas.

El artículo 281 consagra la nueva institución jurisdiccional en los siguientes términos:

"Artículo 281. Se establece la jurisdicción de Cuentas, con competencia y jurisdicción nacional, para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo, cuando surjanreparos de estas por razón de supuestas irregularidades.

El Tribunal de Cuentas se compondrá de tres Magistrados, los cuales serán designados para un período de diez años así: uno por el órgano Legislativo, otro por el órgano Ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema de Justicia.

La Ley determinará la creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas".

La reformaconstitucional crea el Tribunal de Cuentas. Y no podría ser de otra manera. La importante función de la institución así lo exigía. Su fundamento, por tanto, ahora es constihtcional. Es la primera vez en el constitucionalista panameño que se establece expresamente el Tribunal de Cuentas y se delega en la ley regular la materia. La única constitución que abordó esta materia, pero de manera escueta y ambiguafue la Constitución de 1904. El artículo 67 de dicho Texto asignaba como una de las funciones administrativas de la Asamblea Nacional "nombrar los jueces del Tribunal de Cuentas", y nada más. Al margen de esta mención, la norma suprema no vuelve a tocar el asunto.

Ahora, reitero, por primera vez una Constitución en nuestra vida republicana crea y señala las pautas del Tribunal de Cuentas. Setrata de una importante institución cuya función fundamental es la de sancionar la corrupción en el sector público, pero a nivel jurisdiccional. En sede jurisdiccional se juzga a aquellas personas que como servidores públicos se aprovecharon, en beneficio personal o de terceras personas, en forma indebida o ilegal de bienes, fondos o valores públicos que por razón de su cargo, estaban bajo sucuidado, custodia, administración, manejo o disposición. También pueden ser llamados al proceso patrimonial los particulares, personas naturales o jurídicas, que se hayan beneficiado indebida e ilegalmente de bienes, fondos o valores del Estado. En otras palabras, se llama al proceso a las personas que hayan lesionado, por acción u omisión de funciones -caso de los servidores públicos-, o por razón dealguna otra relación con el Estado -caso de los particulares-, el patrimonio público. Y ello, sin duda, es un tipo de corrupción.

La norma constitucional expresa que la Ley regulará la creación y funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Queda, pues, en manos del diputado regular la estructura y funcionamiento del novel tribunal. Considero que no habrá cambios radicales en cuanto alprocedimiento que existe en la actualidad para la DR.. Sí en su estructura y por razones obvias. Es necesario crear la Fiscalía de Cuentas de tal suerte que la misma defienda ante el tribunal los intereses públicos. También deben crearse los juzgados de cuentas, a fin de hacer realidad dentro de esta jurisdicción especial el principio de la doble instancia, como recién ocurrió con la jurisdicciónelectoral.

Los actos finales emanados del Tribunal de Cuentas deben ser impugnados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de justicia. ¿Por qué? Porque el proceso que adelanta este tribunal es eminentemente fiscal. La lesión patrimonial causada al Estado es de naturaleza fiscal. No cabe, a mi juicio, otro medio de impugnación autónomo e independiente que no sea ante la jurisdicción contenciosoadministrativa. Resultaría impensable que los fallos del tribunal de cuentas sean demandados, por ejemplo, ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, porque no estamos frente a un proceso penal. Tampoco procede que la sentencia dictada por este tribunal sea impugnada ante la Sala Primera de la Corte porque no se trata de un proceso civil.

Hemos sostenido en ocasión anterior (La...
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