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INFORME ACCION PREVENTIVA.

MATERIA DE PREVENCIÓN: Derecho Fundamental a la Salud de la población reclusa. Desarrollo y aplicación del Decreto 2496 del 6 de diciembre de 2012, “Por el cual se establecen normas para la operación del aseguramiento en salud de la población reclusa y se dictan otras disposiciones.”

CONSIDERACIONES GENERALES
Dentro de la llamada crisis del sistemapenitenciario y carcelario, se han elaborado numerosos diagnósticos que ponen en evidencia la problemática del sistema, donde se destacan falencias como el hacinamiento, malos tratos, deficiencias en alimentación, insuficientes programas de rehabilitación, carencia y deterioro de instalaciones y de servicios públicos,- agentes influyentes unos y determinantes otros en el estado de salud de losinternos-.
Precisamente el tema de la prestación de los servicios de salud, como parte de los factores significativos y críticos que afectan el modelo penitenciario, y de las reales posibilidades que permita el amparo de las garantías constitucionales y el ejercicio de los derechos, con las limitaciones propias originadas por la legislación penal, puedan ser ejercidos cabalmente por la poblaciónprivada de la libertad, y que la finalidad del tratamiento penitenciario logre su cabal objetivo.
La atención en salud se ha constituido en un aspecto sensible dentro del personal de internos y sus familias, quienes apoyados por organizaciones no gubernamentales que promueven legítimamente sus derechos, ante la limitación de los servicios, han promovido actos de protestas que en algunas ocasiones hanllegado a convertirse en actos de desobediencia y desorden al interior de los reclusorios, debido entre otros aspectos al fallecimiento de internos, brotes de epidemias, falta de medicamentos, agravamiento de enfermos por omisiones y desatención generalizada, todo por los posibles descuidos o faltas de atención oportuna del prestador del servicio.
A lo anterior se suma el complejo procedimientoque implica el desplazamiento del interno enfermo, del centro de reclusión al establecimiento de salud para la asistencia hospitalaria oportuna, causado principalmente, en decir de la autoridad penitenciaria y carcelaria, por la carencia del recurso físico y humano suficiente.
A los problemas de salud física ha de sumarse los problemas de salud mental de las personas privadas de la libertad,afectadas en principio por el impacto emocional del encierro y el aislamiento social, sus antecedentes patológicos, y la incontrolada comercialización ilegal al interior de los establecimientos de sustancias psicoactivas, que constituyen un problema de indudable impacto, que debe ser afrontado con programas preventivos y de aplicación de mayores controles correctivos y de rehabilitación.
Porotro lado, el mecanismo constitucional de la acción de tutela, se ha convertido en la herramienta común de los internos para lograr el amparo de sus derechos a la vida, salud y dignidad humana entre otros, al punto que la sentencia de la Corte Constitucional T-153 de 1998, declaró el estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, y donde se ordenó al INPEC, encoordinación con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Salud, Justicia, y al Departamento Nacional de Planeación, iniciar los trámites administrativos, presupuestales y de contratación para constituir un Sistema de Seguridad Social en Salud, que garantice la atención a la población reclusa del país, sentencias T-606 y 607 de 1998.
A la par de las múltiples demandas de la poblaciónreclusa relacionados con el reconocimiento de beneficios que procuren su libertad o disminución de pena, el derecho a la salud es una legítima aspiración permanentemente invocada, derecho reclamado con elevada frecuencia, y hasta hace parte notoria de la jurisprudencia nacional. Se trata de un derecho fundamental de incuestionable reconocimiento1.
Para sorpresa de muchos, que evaden reconocer...