Victimizacion Difusa

Ultimamente se oye mucho que el Derecho penal está en crisis, y es obligado admitir que las transformaciones por las que pasa el mundo reforman los horizontes del Derecho penal, desde la primera Revolución industrial hasta la actual situación de “tolerancia cero”.

Obviamente, la existencia de una sociedad de riesgo, de una sociedad en que los riesgos pasan a ser de procedencia humana, deuna sociedad en la que la inseguridad pasa a formar parte de la cotidianeidad de la existencia de los individuos, tiene que encontrar respuesta y reflejo en el ordenamiento jurídico y, más concretamente, en el jurídico penal. Y, de hecho, aunque se hable de Derecho penal mínimo, o de carácter de ultima ratio, como limitación a la intervención penal, en realidad se constata una ampliación de lasfiguras represivas relativas a esos nuevos riesgos presentes en la sociedad actual.

Efectivamente, la sociedad postindustrial se caracteriza por la sensación de inseguridad; sensación que no parece corresponderse con el nivel de existencia objetiva de los riesgos difícilmente controlables o incontrolables propios de una Sociedad de riesgo que, además, se compensa con la radical reducción de lospeligros procedentes de fuentes naturales.

Entre las causas de esta especial sensibilidad al riesgo pueden señalarse las dificultades de adaptación de la población a sociedades en continua aceleración, y el proceder de los medios de comunicación e, incluso, de las propias instituciones de la represión de la criminalidad, que transmiten imágenes sesgadas y parciales de la realidad que fomentanel incremento y la difusión entre la sociedad de la sensación de inseguridad.

Consecuente con ello se produce un incremento de la pretensión social de protección penal que ponga fin, aunque sólo sea formalmente, a esa inseguridad creciente, aún a costa de modificar las garantías básicas y clásicas del Estado de derecho. El Derecho penal se ve, así forzado a un continuo proceso de expansióndestinado al control de nuevos peligros, de manera que asume un papel que no le pertenece de modo prioritario ni, menos aún, exclusivo. Ello puede suponer una intervención penal excesiva que abocaría al desarrollo de un Estado de prevención que tiende más hacia la seguridad absoluta de los bienes jurídicos y puede hacer surgir fisuras en aspectos garantistas del Derecho penal.

Se produce unaprimacia de la seguridad frente a la libertad; de tal modo que ante la gravedad con la que se perciben por la opinión pública y por el Estado los nuevos riesgos y las situaciones que estos provocan, que generan a su vez una considerable sensación de inseguridad entre los ciudadanos, la reacción claramente constatable es la de acudir a la respuesta penal como forma de control que se consideraadecuada por su máxima severidad, así como necesaria por su hipotética efectividad.

En este ámbito, la aspiración de eficacia en la obtención de las ansias de seguridad y satisfacción por parte de una colectividad que se autocomprende, ante todo, como víctima conduce a una animadversión frente a las formas y los procedimientos, que se interpretan como meros obstáculos para la solución real de losconflictos. Así, la desformalización es uno de los caminos a través de los que se puede realizar un Derecho penal funcionalizado: eliminando o disminuyendo las barreras tradicionales del Derecho penal garantista que pueden limitar los fines políticos.

Se produce de este modo una tendencia al Derecho penal preventivo con una acentuada flexibilización de los principios básicos informadores delDerecho penal propio de un Estado de derecho, por ejemplo, mediante el adelantamiento de la protección penal y la configuración de nuevos bienes jurídicos hasta entonces no regulados. Efectivamente, hasta ahora, el principio de intervención mínima trazaba la frontera para la actuación del Estado en materia penal, determinando que la criminalización sólo se legitima si constituye el medio necesario...