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Revista UNIVERSUM

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Nº 15

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2000

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Universidad de Talca

CULTURA Y TRANSICIÓN: LAS RESISTENCIAS DE UNA
“CULTURA INQUISITIVA” EN LA TRANSICIÓN HACIA UNA
JUSTICIA PENAL REPUBLICANA. OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS PARA UNA MEJOR JUSTICIA CRIMINAL

Jean Pierre Matus A. (*)

Aunque el tema de la justicia criminal, que aparte de sus aburridas disquisiciones
técnicas, involucra unapreocupación por la justicia aplicable en general sólo a las
capas más vulnerables de la sociedad, parece no entrar con facilidad en el gran debate cultural de fin de siglo; para cualquier proceso de transformación, de transición
hacia un nuevo estadio, la experiencia de un proceso de cambio radical en el paradigma de una cultura jurídica puede servir de ejemplo en el análisis de sus propioscambios, internos y externos. Es por eso que me he atrevido a presentar esta colaboración, que analiza desde el punto de vista cultural las oportunidades y amenazas
que el proceso chileno de reforma judicial involucra, en un ambiente humanista y en
principio alejado de las abstrusas cuestiones teóricas y prácticas con que los
“jurisperitos” pretendemos alejar a los extraños de nuestro dominiocultural. Así
que pidiendo disculpas por lo críptico de algunos términos utilizados, entramos
enseguida en materia.
Según resumía el pasado año Cristián Riego, uno de los principales impulsores
de nuestro proceso de Reforma penal, en él confluirían “un conjunto de diversos
intereses, que incluso pueden ser vistos como contrapuestos”1. Así, sobre la base del

(*) Doctor y Magíster en Derechopor la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor Asistente de Derecho Penal en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, y Profesor Instructor de Derecho Penal en la Universidad de Chile.
1

Riego R., Cristián, “La Reforma Procesal Penal Chilena” en Cuadernos de Análisis Jurídicos Nº 38, Universidad
Diego Portales, Santiago, 1998, pp. 15-49, p. 31.

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diagnóstico común de que nuestro actual sistema procesal penal se encuentra
“colapsado”, al decir de don Mario Garrido Montt2, se puede encontrar entre los
promotores de la reforma, quienes esperan con el cambio “contribuir a la seguridad
pública y otorgar mayor protección a las víctimas de los delitos”, junto con los que
esperan “introducir estándares de respeto por lasgarantías individuales, controlar
la actividad de la Policía y reducir el uso de la prisión preventiva”3. Finalmente, se
añaden a esos propósitos no sólo lograr mayor transparencia en la administración
de justicia, sino aún reducir los costos de la misma, medidos en variables de rentabilidad social4.
La realización efectiva de todas o, al menos, la mayor parte de estas expectativas
a través delproceso de reforma en curso es la gran oportunidad que ofrece a nuestra
sociedad dicho proceso. Sin embargo, la creencia de que la reforma en curso producirá
por “el solo ministerio de la ley” esos efectos, se transforma al mismo tiempo en su
mayor amenaza.
En términos generales, la inquietud acerca de lo que sucederá con nuestra reforma procesal penal si esas amplias expectativas no secumplen cuando realmente esté
en funcionamiento el nuevo sistema procesal penal no puede despacharse sencillamente, afirmando que ella se basaría en críticas irrazonables, pues existiría un acuerdo
básico acerca de la construcción de un sistema que permita la discusión acerca de
sus objetivos-expectativas a posteriori 5.
El fondo de la cuestión es que tal vez el acuerdo exista, pero sólo sobre lasexpectativas y no sobre los medios6.
Y si de eso se trata, ante una contrarreforma dentro del nuevo procedimiento penal, destinada a satisfacer los objetivos-expectativas que no llegasen a ser satisfechos
por ese nuevo procedimiento, no parece que “el nuevo sistema procesal”, la existencia de una ley del Ministerio Público y aún de una Reforma Constitucional, puedan evitarla por sí solos. De...