Wencho

En la complicada tarea de integrar de manera exitosa diversos mecanismos estatales para dar solución a problemáticas que emergen de las conductas antisociales de los individuos, la justicia penal ha experimentado de manera especial en la sociedad mundial —incluido el caso mexicano—, un peculiar protagonismo que busca frenar el avance desmedido de la delincuencia que a niveles insospechados—aprovechando la evolución de la ciencia y tecnología en todos sus rubros, entre otros factores—, ha mostrado una invasión cancerígena que también ha asumido un papel central.
La implementación del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio en México genera expectativas, frente al reto y oportunidad que lleva implícito. De entre ellos se resalta la separación de funciones procesales, ya que adiferencia del sistema inquisitivo, se establecen con claridad los roles de cada uno de los actores del proceso penal; en este contexto, el Ministerio Público es un órgano de investigación, apoyado en personal a su cargo (peritos, policías, etc.).
La máxima fundamental de la separación de funciones, radica en que sin acusación no hay juicio, bajo el entendimiento que ésta es una función propia yexclusiva de quien investiga. No podrá en consecuencia realizar el fiscal actividades o funciones que son de manejo y competencia del órgano jurisdiccional y viceversa, no podrá el juez inmiscuirse en actividades de indagación.

El desarrollo democrático de las sociedades occidentales ha tenido como referente los principios plasmados en las respectivas constitu­ciones; principios que, evidentemente,no se corresponden con las formas en que algunos aparatos del Estado históricamente han de­sarrollado su actividad. Existe por tanto un desfase entre aquellos principios y las formas de control y organización del tejido social. Quizá sea el sistema penal el ámbito donde dicho desfase es más evidente. Ello ha traído como resultado un aumento considerable, tal vez desmedido, de víctimas.Surge así,de esta reflexión, el interés de estudiar al sistema penal y sus víctimas desde un plano en que se entrecrucen diversas ópticas disciplinarias. En primer lugar, las jurídico-penales y procesales son el punto de referencia de los objetos de conocimiento, para analizar después las formas del control social como función concreta de dicho sistema en el marco del Estado de Derecho y las formas decompor­tamiento que produce la aplicación de aquel universo normativo, tanto de los operadores de la ley como de quienes se ven involucra­dos en su actividad.
Sin embargo, los aportes que aquí se incluyen no pretenden evi­denciar una gama pluridisciplinar del problema, sino sólo un acer­camiento desde el Derecho Penal —visión que incluye la dogmática penal y la política criminal— que ofrezca, enconsecuencia, una pers­pectiva homogénea en su enfoque, pero plural en las actividades que describe, acerca de la problemática victimal frente al sistema penal y sus instancias de aplicación, en el marco del Estado de Derecho como estrategia de control social estatal.

Este problema se agrava ante la evidencia de que las víctimas no tienen asidero en la estructura y funcionamiento del propiosistema penal encargado de prevenir y reprimir el delito. Esto es, ha sido olvidada por la ley penal tanto sustantiva como adjetiva que la men­cionan brevemente dejándola fuera del proceso y desprotegida; y los operadores de aquella ley penal no tiene los mecanismos óptimos para la aplicación correcta de la ley y la protección de las víctimas. En suma, la víctima es la gran olvidada del sistema penal.Con base en las anteriores consideraciones, he dividido este tra­bajo de investigación en cuatro partes con la intención de enfocar correctamente el objeto de estudio, dar forma y contenido a las hi­pótesis planteadas, y finalmente alcanzar los siguientes objetivos específicos: 1) conocer los planteamientos victimológicos esbozados desde hace unas décadas y encontrar, mediante un ejercicio...