C 042 99 Dictamen

C-042-99
19 de febrero de 1999


Arquitecto
Rodolfo Sancho Rojas
Director de Urbanismo
S. D.

Estimado señor:

Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su Oficio Nº UR-662-98, complementado mediante Oficio Nº UR-1016-98, relativos a la consulta acordada por la Junta Directiva del InstitutoNacional de Vivienda y Urbanismo en Sesión Ordinaria Nº 4471 de 25 de febrero de 1998, sobre algunas inquietudes presentadas con respecto al alcance y la aplicación de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, y la competencia de dicho Instituto para otorgar los alineamientos que deban tramitarse en relación con las áreas de protección.-

Los puntos consultados y reseñados en forma asertiva parafacilitar su comprensión son los siguientes: 1) si las áreas de protección y la prohibición de talar en las mismas constituyen una limitación que afecta el núcleo esencial del derecho de propiedad sin indemnización previa; 2) si el artículo 33 de la Ley Forestal permite el uso de aplicaciones discrecionales tendientes a hacer menos gravosas dichas limitaciones; 3) si la Ley Forestal rige en todo elterritorio nacional, o si por el contrario pierde vigencia en las áreas urbanas, pues la misma tiene como bien jurídico tutelado el bosque, y si éste no existe, procede o no su aplicación o la de otras disposiciones normativas; 4) si la competencia asignada al INVU por el artículo 34 de Ley Forestal ocasiona la invasión de atribuciones conferidas a otros órganos tales como la SETENA, el SENARA,el MINAE y el ICAA; 5) si el Instituto debe respetar los criterios técnicos de dichos organismos con alineamientos menores, y si debe contar con un criterio técnico que respalde su propia decisión; 6) si debido al desborde de ríos en algunas regiones del país, se pueden exigir alineamientos mayores a los establecidos en la ley, pues los actuales resultan insuficientes.-

I.- LIMITACIONES A LOSDERECHOS FUNDAMENTALES

Los derechos fundamentales como el trabajo, la propiedad privada, la libertad empresarial y de comercio, los derechos del consumidor y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, requieren ser normados y regulados por ley.-

En tales casos existe entonces reserva legal, definida como el impedimento de regular determinadas materias mediante actos distintos ala ley, y de intervenir específicamente en ellas con actos no consentidos, previstos y regulados expresamente por el legislador.-

En ese sentido, HERNANDEZ VALLE señala que tenemos reserva de ley para “el establecimiento de delitos y penas (art 39 C.P.), la creación y modificación de los tributos (art 121 inciso 13 C.P.); la regulación de los derechos fundamentales (doctrina del artículo 28C.P.). También existe reserva absoluta para la creación de tribunales de justicia (art 121 inciso 20 C.P.); para imponerle limitaciones a la propiedad privada por razones de interés social (art 45 C.P.); para la creación de nuevos monopolios en favor del Estado y de las Municipalidades (art 46 C.P.).” HERNANDEZ VALLE (Rúben): El Derecho de la Constitución, Volumen I, Editorial Juricentro, San José,Costa Rica, 1993, p. 528.-

La reserva legal constituye un límite a la potestad reglamentaria, y con mucho mayor razón para la potestad discrecional:

“...ni aún en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer...todaactividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono de la propia reserva legal.” Sala Constitucional, Nº 3550 del 24 de noviembre de 1992.-

Incluso, según el ordinal 28 de la Carta Magna, y con las excepciones en él invocadas, podría sostenerse que en materia de...