D Internal Higiene Publica

Carlos Jiménez Piernas
Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de
Alcalá
Por razón de mi especialidad, soy Profesor de Derecho
Internacional y de Relaciones Internacionales, voy a ocuparme del
marco internacional para la protección de la salud, dentro, por
supuesto, de las instrucciones recibidas acerca del contenido de
esta mesa redonda.
La protección de la salud –todos losabemos- es un derecho
reconocido constitucionalmente en el artículo 43 de nuestra
Constitución. Dicho precepto dispone que a los poderes públicos les
compete organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas
preventivas y también de las preaciones y los servicios necesarios a
estos efectos. También les compete fomentar la educación
sanitaria. Por supuesto, la asistencia sanitaria ingenere es objeto
de regulación por una abundante normativa, tanto de rango legal
como reglamentario, en la que no me detendré, centrándome en
cambio, como he anticipado, en el marco internacional de este
derecho constitucional.
Para empezar, es conveniente afirmar que en el ordenamiento
internacional de nuestros días el derecho a la protección de la salud
está incluido en la nómina de derechoseconómicos, sociales y
culturales. Bien entendido que se trata del derecho a la protección
de la salud, no del derecho a la salud, expresión abreviada y usual
que puede inducir a equívoco. Ya quisiéramos todos tener derecho
a la salud, o al menos derecho a curarnos, pero éste es un bien
absoluto que está -como tal- fuera de nuestro humano alcance,
incluso fuera del alcance de la actual Defensora delPaciente de la
Comunidad de Madrid, por mucho que ella lo lamente...
Se trata de un derecho social de gran relevancia porque,
como no ha dejado de insistir en ello la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, la realización de los derechos civiles
y políticos resulta imposible sin el goce de los derechos
económicos, sociales y culturales. De modo que las dificultades y
obstáculos en la promocióny aplicación de esos derechos, en este
caso del derecho social a la protección de la salud, trasciende su
propio ámbito y alcanza también al ámbito del otro grupo de
derechos, los derechos civiles y políticos. Es muy problemático que
una persona disminuida o quebrantada en su salud pueda ejercer

sus derechos civiles y políticos plenamente y en condiciones de
igualdad con las personas sanas.Aunque es mucho lo realizado y son apreciables los progresos
en el establecimiento de normas internacionales en esta materia,
que llenan de contenido los derechos económicos, sociales y
culturales y, en particular, el derecho a la salud, lo cierto es que aún
resta mucho por hacer en cuanto a su aplicación o ejecución,
porque el pleno respeto de estos derechos se haya inevitablemente
vinculado alproceso de desarrollo socio económico así como a la
distribución equitativa de los beneficios de ese desarrollo. Por
desgracia, esta es una asignatura pendiente en la inmensa mayoría
de Estados en vías de desarrollo.
En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (a
partir de ahora, OMS) -a la que ya ha hecho referencia mi
predecesor en el uso de la palabra-, aprobada dos años antes que
laDeclaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se
establece explícitamente que “el goce del grado máximo de salud
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica o social”. En ese sentido, las Naciones Unidas
y la OMS han colaborado estrechamente desde su fundación en
cuestiones relativas alderecho a la salud, elaborando todo un
corpus normativo a este respecto. Así se refleja en los instrumentos
internacionales más relevantes, entre los que nos limitaremos a
citar los siguientes:
El párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal dice
que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la...