ARRAIGO Y ESTADO DEMOCR TICO DE DERECHO 1

ARRAIGO Y ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO: UN PANORAMA DE SU INCOMPATIBILIDAD.
Se ha reiterado que la reforma de justicia penal de 2008 consta de dos partes incompatibles entre sí: por una parte, hay un avance innegable en materia de reconocimiento de derecho de los sujetos procesales y un funcionamiento más efectivo del sistema de justicia penal, lo cual se condensa en la constitucionalización delos principios de sistema acusatorio, el fortalecimiento del debido proceso legal y la presunción de la inocencia, entre otras medidas inscritas en el ámbito de todo Estado democrático de derecho; y por la otra, se ha establecido un sistema de excepción que flexibiliza los derechos del acusado, privilegia los esquemas precondenatorios o cautelares de proceso penal, incluyendo formas de privaciónde libertad que implican la imposición de penas sin condena, facultando al Estado a ampliar el ius puniendi a discreción, todo lo cual se identifica con la incorporación al Código Político de figuras tales como el arraigo, la prisión preventiva automática, los cateos express y las intervenciones de comunicaciones.
Este artículo busca acentuar el contraste entre estas dos partes, destacando algunaspreocupaciones fundadas que dan cuenta de su mutua incompatibilidad.
El objeto primario de la aproximación será una evaluación panorámica del marco regulatorio en el que se fundan las actuaciones judiciales que dictan ordenes de arraigo en su impacto en los principios básicos de un Estado democrático de derecho.
1. Ausencia de reglas claras.
El establecimiento de un Estado democrático de derechotiene como propósito regular las técnicas de que se valen las normas jurídicas para actualizar sus supuestos. En este sentido, una norma de tipo procesal penal debe ajustarse de manera estricta al uso preconizado por la regla y ser justa con las diversas partes del procedimiento. El arraigo incumple con estos parámetros.
La norma constitucional que da vida al arraigo penal dista mucho de cumplircon la regla de control normativo que impone un Estado democrático de derecho. En él, las normas jurídicas deben acatar un conjunto de imperativos mínimos, que incluyen, por citar un ejemplo, la uniformidad en su interpretación, de conformidad con el espíritu de la disposición. En el caso del arraigo penal existe una inconsistencia notoria entre la interpretación y la producción de la norma.
Ya en1999, la Suprema Corte de Justicia había sentado jurisprudencia en el sentido de que esta medida, en su modalidad domiciliaria, es inconstitucional por vulnerar la libertad personal de la persona afectada. Los legisladores procedieron entonces a su constitucionalización, pero esta operación arduamente remedió las deficiencias de la medida por lo que hace a su constitucionalidad. Se trató de unmero redimensionismo en la jerarquía de la norma (que además profundizo la restricción a la libertad personal y de transito afectados), que rompió con la coherencia interna del texto constitucional. Podríamos incluso sostener que mediante la constitucionalización del arraigo, la Constitución devino en inconstitucional. La presunción de inocencia y las garantías de libertad y seguridad jurídica sonescamoteadas. Acaso la ausencia de reglas procesales claras sea una de los principales sostenes de estas afirmaciones.
No hay jurisdicción sin reglas procesales, y éstas no son válidas si no son claras, públicas y vedan el paso a la arbitrariedad y la impunidad, un entramado normativo e institucionalidad propio de un Estado democrático de derecho precisa de estos requisitos mínimos paraverificarse. La justicia penal no es la excepción (o no debería serlo), sobre todo cuando se atiende a los bienes jurídicos que son objeto de tutela, los más delicados: la vida, la libertad, la integridad de la persona y su patrimonio. Por ello, se ha reiterado que el proceso penal debe constar en reglas estrictamente respetuosas del debido proceso legal, así como prever los recursos judiciales que sean...