Datos de la ley 1420
Planteadas de esta manera las diferencias, cada sector explicó las razones de su posición. Los católicos intentaron apropiarse de la defensa del principio de la autonomía de la educación, dado que en su proyecto el Poder Ejecutivo compartía con el Senado la mayor responsabilidad en cuanto a las elecciones. Así lo expresó el diputadoDemaría en el discurso de presentación del proyecto católico: "La Comisión —dijo en esa ocasión— ha tratado de independizar la educación de todos los otros sectores públicos, convencida de que, por más honrados que sean los hombres que desempeñan esos altos puestos, hay momentos en los pueblos en que los gobiernos pretenden servirse de estos hombres para influir en la sociedad con todos los medios asu alcance" (...) "Es por esto que establece el proyecto que el nombramiento de los vocales y el presidente, si bien puede hacerse por el Poder Ejecutivo, en personas de determinadas calidades, debe requerir también el acuerdo del Senado"[1].
Por muy paradójico que esto pueda parecer, los liberales aparecieron como los negadores de la autonomía de la educación y los católicos como susdefensores fervorosos. Esta impresión se acentuó cuando intervino en el debate el ministro de Instrucción Pública, Eduardo Wilde, afirmando que, en su opinión, todo el personal debía ser nombrado exclusivamente por el Poder Ejecutivo[2]. Si bien esta postura fue rechazada, en su conjunto todas las posiciones representaron un paso atrás en lo que respecta al problema de la autonomía, especialmente si seconsidera la legislación existente en esos momentos en la provincia de Buenos Aires y las resoluciones del Congreso Pedagógico de 1882.
En la provincia de Buenos Aires, existía, desde 1875 una ley de educación que establecía la elección popular de los miembros de los consejos de distrito. La experiencia de este sistema no había sido, por cierto, muy positiva; la elección popular se habíapracticado en muy raras ocasiones y con los vicios comunes a toda elección en ese período y el funcionamiento de los consejos había sido muy deficiente desde el punto de vista de la participación popular efectiva. En su Informe de 1877, Sarmiento afirmaba que los dos años de experiencia en este aspecto dejaban mucho que desear. "En la práctica —decía el entonces director general de Escuelas— fallanlos resultados, o faltan en muchas localidades vecinos que se interesen vivamente en el progreso de la educación, o no saben siempre cuales son; los medios de impulsarlas; o bien los que tienen reconocidas aptitudes no quieren o pueden contraerse a estas atenciones, o últimamente los partidos políticos, las enemistades y preferencias de aldea o barrio, y la inasistencia de los unos acaban deembarazar la acción de los que tienen buena voluntad, suscitar divisiones y abandonar en definitiva la gestión a un secretario rentado, que se ocupa de llevar las cuentas, pasar las planillas al Consejo General, y cobrar los salarios de los maestros"[3].
Enfrentando precisamente este tipo de planteamiento, un grupo de congresales intentó retomar el modelo estadounidense de organización escolar yadecuarlo a la estructura local. Francisco Berra y José Pedro Varela —ambos uruguayos— sostuvieron una moción donde se establecía la conveniencia de separar claramente la enseñanza del poder político. "Es preciso —sostenía Varela— establecer terminantemente una especie de premisa, de principio para todos los pueblos de la tierra que han alcanzado esta institución que se llama vulgarmente educación...
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