embargo y remate judicial derechos sociales lopez blanco

EMBARGO Y REMATE JUDICIAL DE DERECHOS SOCIALES - LÓPEZ BLANCO, JOSÉ LUIS
Título: Embargo y Remate Judicial de Derechos Sociales
Autor: López Blanco, José Luis - Ver más artículos del autor
Cita: MJD281
Producto: Microjuris

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Sumario:
1. Opinión tradicional de la doctrina.- 2. Jurisprudencia contradictoria.- 3. La autonomía de la
voluntad y la responsabilidad por la obligación.- 4. Derecho de prenda general de los acreedores.- 5.
Bienes inembargables.- 6.Límites a la cesión de derechos sociales.- 7. Orden público económico.- 8.
Normas de derecho constitucional.- 9. Normas especiales de protección de los acreedores.- 10.
Notas y referencias bibliográficas.

José Luis López Blanco (1)
En diversas oportunidades se ha discutido la posibilidad que los acreedores persigan sus
créditos en ciertos bienes específicos del deudor, como son los derechosen sociedades de
responsabilidad limitada.
A este respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia no han dado una solución uniforme.
Se sostiene, por la llamada doctrina tradicional, que el embargo y posterior remate judicial
de estos derechos conducirían a la eventualidad de que, por esta vía, se incorporen terceros
extraños a la sociedad, en circunstancias que existen normas muy precisas,tanto el Código Civil
como el Código de Comercio , en que se dispone que el ingreso de nuevos socios requiere el
consentimiento unánime de los demás.
Se funda tal criterio en la distinción entre un tipo de sociedades que se denomina de
personas, en oposición a otra forma social calificada de sociedades de capital. En las primeras, en lo
referido al affectio societatis sería un elementoesencial la aceptación total y unánime, entre todos
los socios, de la participación de cada una de las personas que conforman dicho ente jurídico, así
como también del ingreso de nuevos socios. En cambio, en las sociedades de capital no existiría
obstáculo para que cada uno de los socios, o accionistas, pueda enajenar libremente su cuota social,
pudiendo los terceros adquirentes ingresar a ellas,sin requerir autorizaciones o consentimiento de
los otros partícipes.
Por otro lado, en los tribunales superiores de justicia se ha desarrollado jurisprudencia
contradictoria sobre este punto. Es así que se han dictado sentencias totalmente diversas en el
análisis estrictamente jurídico de la materia, aceptándose en algunos de aquellos fallos el embargo
de estos bienes, en tanto que en otrosse declara categóricamente que tales medidas cautelares no
se ajustan a derecho. En este artículo se analizará el aparente conflicto que se produce entre
principios básicos de nuestro sistema institucional, como son, por un lado, las garantías
constitucionales de la libertad para contratar y del ejercicio pleno de las facultades que derivan del
derecho de propiedad de los acreedores sobre sustítulos y, por el otro, ciertas normas especiales
respecto de la inembargabilidad de algunos bienes y aquellas, mencionados más atrás, respecto de
la incorporación de nuevos socios en las sociedades de personas.
Nuestra opinión es que, sin perjuicio del reconocimiento de la regla general, en cuanto a que
si bien es efectivo que en situaciones ordinarias, en las sociedades de personas se requierela
aprobación unánime de todos los socios para el ingreso de nuevos partícipes en la administración
social, por otro lado, también en nuestro ordenamiento legal se reconocen ciertos principios
jurídicos que, en circunstancias especiales, modifican aquella regla de aplicación general,
permitiendo que otros terceros cumplan en esos casos, en virtud de resolución judicial, funciones...