PROPIEDAD RURAL, TITULACIÓN DE TIERRAS Y PROPIEDAD COMUNAL* En el presente artículo trataremos sobre el problema de la falta de titulación de la propiedad rural en el Perú, haciendo especial mención al aspecto de la titulación de las tierras de las comunidades campesinas, presentando algunas propuestas para superar los problemas detectados en el proceso de saneamiento legal de la propiedad de lascomunidades campesinas y terminaremos haciendo un análisis de la situación generada con la aprobación de una ley destinada a facilitar la titulación individual de las comunidades campesinas en la costa de Perú. Muchas de las ideas expuestas en este trabajo han sido alimentadas por el proyecto desarrollado por CEPES, gracias al apoyo brindado por el Convenio suscrito entre GRADE y AID, en el marcodel Proyecto “ Derechos y Procedimientos sobre Titulación en Comunidades Campesinas” en los departamentos de Cusco y Puno (en la sierra sur del Perú). Del mismo modo, con el apoyo de OXFAM y Diakonía se ha desarrollado una experiencia similar en Huancavelica y Ayacucho (zona de la sierra centro-sur). El trabajo realizado en distintas comunidades campesinas de estos departamentos ha permitidorecoger las expectativas así como las inquietudes de dichas organizaciones en torno a la legislación vigente, en particular sobre los artículos de la Ley de Tierras aplicables a ellas. Asimismo, los numerosos talleres y reuniones sostenidos con representantes de comunidades campesinas de la costa norte en el primer cuatrimestre del presente año han permitido aclarar algunas ideas. En ese sentido, lasideas presentadas intentan expresar la voluntad de los comuneros y la aparente contradicción entre su deseo de contar con un título de propiedad sobre la parcela que ocupan y su deseo de mantener la instancia comunal. La propiedad rural en el marco de la legislación agraria El más firme intento de superar la dispersión de la legislación agraria en el Perú se dio durante el segundo gobierno delarquitecto Belaunde (1980-1985), con la discusión de un proyecto de Código Agrario, lo que en parte fue retomado en los primeros años del primer gobierno del Ingeniero Fujimori (1990-1995) y posteriormente dejado de lado. La tarea de actualización y concordancia de la legislación agraria, sin embargo, no resulta fácil, a juzgar por la subsistencia de una serie de vacíos y contradicciones en lalegislación peruana. La complejidad se explica en parte por la subsistencia de normas promulgadas en las últimas décadas, en especial desde la dación de la Ley de Reforma Agraria hasta nuestros días. Particular importancia tiene la evolución legislativa de los últimos años en lo que respecta a la propiedad rural. En efecto, el Decreto Legislativo Nº 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el SectorAgrario, derogó en 1991 la Ley de Reforma Agraria (Decreto Ley Nº 17716). Complementariamente derogó el artículo 883 del Código Civil peruano, estableciendo que los derechos reales sobre predios rústicos se regularían en adelante por este Código y ya no por la legislación especial. En julio de 1995, con la dación de la Ley Nº 26505, Ley de Promoción de las Inversiones en las Tierras del TerritorioNacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (más conocida como Ley de Tierras), se esperaba que los problemas subsistentes de falta de concordancia quedarían superados. No ocurrió así y por el contrario éstos se incrementaron.
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Una versión preliminar de este trabajo apareció en “VOX JURIS” Revista de Derecho, editada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidadde San Martín de Porres, año 7, Lima, 1997.
A pesar del evidente predominio de las ideas sobre la importancia del mercado en la economía (tanto a nivel internacional como nacional), creemos que la subsistencia de los problemas de la falta de claridad y de coherencia de la legislación agraria peruana tienen como una de sus causas el desconocimiento por los legisladores de las características...
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