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CAPITULO

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DELITOS COMETIDOS POR LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS, QUE AFECTAN LA PROBIDAD
ADMINISTRATIVA

§ 1. UBICACIÓN, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y
CLASIFICACIÓN GENERAL, APLICABLE A TODOS LOS
DELITOS FUNCIONARIOS
De los delitos cometidos por funcionarios públicos trata tanto el Tít. V
del Libro II CP, como el § 4 de su Tít. III. Estas últimas figuras se
han analizado a propósito de los delitos queafectan la seguridad y
libertad individuales, supra 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Además, las figuras
del § 4 del Tít. V L. II CP encuentran aquí una ubicación sistemática diferente, pues se tratan junto con el resto de atentados contra
la administración de justicia que contempla el Código.
En cuanto al concepto de empleado público, el art. 260 lo define como "todo el que desempeñe un cargo o función pública,sea
en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado
o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe
de la República ni reciban sueldo del Estado", y añade que "no obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular". Se
establece así un concepto funcional de empleado público, queabarca una infinidad de situaciones no cubiertas por la estricta regulación del Estatuto Administrativo (para el cual, p. ej., no serían
funcionarios públicos los notarios ni los empleados del Conservador
de Bienes Raíces).1 Aunque la definición del art. 260 parte limitando su campo de aplicación a los delitos contemplados en el Tít. V y
en el § 4 del Tít. III Libro II CP, lo cierto es que no sediscute su

1

SCS( 05.11.1958 (RDJLXl, 187), y SCS 12.4.1997 (RDJXCTV).

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LECCIONES DE DERECHO PENAL CHILENO

aplicación a otras figuras donde la calidad de empleado público es
relevante, partiendo por la agravante genérica 8a del art. 12.
La Ley N a 19.645, de 11.12.1999, introdujo significativos cambios
en la regulación de los delitos funcionarios contemplada en la original redacción de nuestroCP. Así, se derogaron los delitos de anticipación y prolongación indebida de funciones públicas, contenidos
en los arts. 216, 217, 218 y 219 CP, toda vez que las disposiciones contenidas en la legislación administrativa parecen suficientes para evitar que se produzcan tales conductas o para castigarlas si llegaren a
cometerse, habiendo sido calificadas por ETCHEBERRY como simples
"delitos decarácter reglamentario o formal".2 Se incorporó un nuevo delito, de uso de información privilegiada (art. 247 bis); y se modificaron en forma significativa las figuras de nombramientos ilegales
(art. 220), malversación de caudales públicos (art. 233), negociación
incompatible (art. 240), concusión (art. 241); violación de secretos
(art. 247) y cohecho (arts. 248 a 251). Posteriormente, la Ley
NQ 19.829(DO 8.10.2002) agregó a este catálogo el delito de soborno internacional (arts. 250 bis A y B).
No obstante, es posible sostener que en cuanto al bien jurídico protegido de manera común por todas estas figuras puede postularse el recto funcionamiento de la Administración Pública, cuyos
funcionarios tienen un deber especial frente a la consecución de
sus finalidades en orden a la prosecución delbien común, que justifica el diferente tratamiento penal que aquí se les dispensa, mediante la construcción de "delitos especiales", sin perjuicio de las
particularidades de cada delito.
2

ETCHEBERRY III, 210. Sobre la base de este argumento, derechamente se había pronunciado también por la derogación de estas disposiciones Enrique CURY
U., "Contribución político-criminal al estudio de los delitosfuncionarios", en Reu.
Chilena de Derecho, vol. 13 N e 2 (1986), pp. 295-304, p. 298. En dicho artículo, CURY
sostiene, además, que tampoco "justifica[n] su inclusión en el catálogo de tipos
penales", el delito de aplicación pública diferente (art. 236 CP), pues ya "dispone el
ordenamiento de recursos menos lesivos y quizás más eficaces para reaccionar en
contra de infracciones de este...