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Seminario 5
El 23 de febrero de 1983, el gobierno, aduciendo la existencia de razones de
“extraordinaria y urgente necesidad”, como establece el art. 86 CE, se valió de un
Decreto-Ley, elDecreto-Ley 2/1983, para acometer “por razones de utilidad pública e
interés social”, como dice el art. 33.3 CE, la expropiación del holding de bancos y otras
empresas RUMASA.
El Decreto-Ley 2/1983 fueinmediatamente sometido a debate y votación de totalidad en
el Congreso de los Diputados, que lo convalidó, tramitándolo simultáneamente como
Ley por el procedimiento de urgencia, tal y como estableceel art. 86.3 CE. Fruto de esta
tramitación, fue la aprobación, cuatro meses después de la aprobación del Decreto- Ley,
de la Ley 7/1983.
Una vez convalidado y tramitado como Ley, 54 diputados delCongreso interpusieron
un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley (no así contra la Ley 7/1983)
ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal se pronunció mediante la STC 111/1983,
de 2diciembre, en la que resolvió que el Decreto-Ley no era inconstitucional,
formulando una importante doctrina constitucional sobre las relaciones entre el
Decreto- Ley y la Ley que se tramitateniendo a éste como origen, sobre la posibilidad
de control jurisdiccional del presupuesto habilitante del Decreto-Ley y sobre los
límites materiales de éste.
La sentencia, sin embargo, dividió alTribunal en dos mitades, pues seis de sus doce
magistrados firmaron un voto particular discrepante.
Lea atentamente los fundamentos jurídicos de la STC 111/1983 y prepárese para debatir
en clase lascuestiones que se formulan a continuación:
1. Se ha dicho que seis magistrados firmaron un voto particular discrepante de la
mayoría, pero esta “mayoría”, al estar compuesto el TC por 12 miembros, eratambién de seis. ¿Cómo explica esto?
2. Como se ha dicho, el Decreto-Ley 2/1983 se tramitó, una vez convalidado, como
Ley, dando lugar a la Ley 7/1983. A juicio de la mayoría del TC, ¿se trata de...