accion de inconstitucionalidad 10 1588

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EXPEDIENTE:

10-015880-0007-CO

PROCESO:

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACCIONANTE: RANDALL VARGAS SALAZAR
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas
y cuarenta y uno minutos del siete de diciembre del dos mil diez.
Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por ALLAN HIDALGO SOLIS, ANA
VICTORIA ROJAS GOMEZ, ERICKA ROMEROCESPEDES, FEDERICO ZUÑIGA GOMEZ,
GUSTAVO MOLINA OVIEDO, RANDALL VARGAS SALAZAR, para que se declare inconstitucional
el artículo 242 de la Ley General de Aduanas, número 7557 del veinte de octubre de mil novecientos
noventa y cinco, por estimarlo contrario a los artículos 33, 39, 41 y 56 de la Constitución Política, que
tutelan el principio de igualdad, de razonabilidad, proporcionalidad y elderecho fundamental al trabajo. Se
confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República. Los accionantes refieren que
si bien es cierto este Tribunal ya se pronunció sobre la constitucionalidad de dicha norma en la sentencia
2010-5891, esgrimen que los argumentos actuales de su acción resultan totalmente diferentes a los
utilizados en el aquél entonces; en ese sentido centransu alegato en el contenido del fallo número
1998-5944, en el cual esta Sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 796 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios en su redacción producto de la Ley de Justicia Tributaria de 1995, disposición
normativa que establecía una multa de seis salarios base por el atraso en la presentación de la declaración,
en ese orden indican los actores:³Elcaso base presentado ante los Señores Magistrados era bastante
elocuente: una persona con actividad lucrativa se atrasa un día en la presentación de la declaración.
Liquidaba un impuesto de 1.557,50 colones. Se le abrió un procedimiento para aplicarle una sanción de
442.000,00 colones. Se alegó ante la Sala que ésta es una pena confiscatoria, irrazonable,
desproporcionada y atentatoria contra elprincipio de igualdad y el derecho de propiedad´
. (cfr. 17). (Lo
resaltado pertenece al texto de origen). Narran los accionantes que en el caso concreto, la norma
impugnada establece una infracción tributaria aduanera, al estipular una pena que equivale al valor
aduanero de las mercancías, en virtud de toda acción u omisión que signifique un menoscabo al régimen
jurídico aduanero que provoque unperjuicio fiscal superior a cien pesos centroamericanos y que no
constituya delito ni infracción administrativa sancionable con suspensión del auxiliar de la función pública
aduanera, por tal razón consideran la infracción de los principios constitucionales de razonabilidad,
proporcionalidad, confiscatoriedad, igualdad y del derecho fundamental al trabajo, al no precisar la

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disposición normativa impugnada el daño fiscal efectivo ni la capacidad económica del agente. Alegan
como asunto base, el recurso de amparo número 10-015669-0007-CO, admitido por esta Sala en fecha de
11 de noviembre de 2010, instruido por el MagistradoCruz, misma que actualmente se encuentra en
trámite. Sobre la comparación de los ingresos de cada uno de los actores, explican lo siguiente; con
respecto a Gustavo Molina Oviedo para el momento de los hechos devengaba un salario bruto mensual
como Jefe Tráfico Profesional del Departamento de Aduanas de DHL de 1.400.520 colones, un salario
neto de 1.170.354.47 colones, para un total de ingresosnetos anuales de 14.044.373.7 colones, para un
total de las multas por procedimientos abiertos de 27.736.943.67 colones, que en opinión de su patrocinio
letrado representan el 197.5 % de sus ingresos anuales; por su parte Randall Vargas Salazar devengaba
para el momento de los hechos, específicamente para los meses de mayo, junio y agosto salarios brutos
mensuales de 578.356.67 colones, 559.700...