ACCION POPULAR TUTELA

Acción de tutela instaurada en contra del Fiscal General de la Nación, sentencia T-249/03
Referencia: expediente T-668169
Acción de tutela instaurada por Javier Giraldo Moreno en contra del Fiscal General de la Nación.
Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil tres (2003).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integradapor los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en uso de sus facultades constitucionales y legales ha proferido la siguiente
Sentencia
dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Javier Giraldo Moreno en contra del Fiscal Generalde la Nación.
I. Antecedentes
Hechos
1. El sacerdote Javier Giraldo Moreno, demandante en el presente proceso relata que durante los años 1997 y 1998 ejerció el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, órgano de la Conferencia de Religiosos de Colombia. En ejercicio de dicho cargo tuvo conocimiento de una serie de hechos, que califica de delitos de lesahumanidad, que tuvieron lugar en cinco comunidades de la región de Urabá. Alega que tales hechos fueron realizados de manera conjunta por parte de “la fuerza pública acantonada en la región con grupos al margen de la ley, llamados “autodefensas” o “paramilitares”.
Durante los años 1997 y 1998 envió comunicaciones a diversas autoridades nacionales informándoles sobre los hechos que tenían lugar enla mencionada región, sin que tuviera respuestas satisfactorias, en particular de la Presidencia de la República.
Con posterioridad, entre los años 2000 y 2001, los abogados de la Comisión solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que informara sobre el estado de los procesos penales que se hubieran iniciado con ocasión de la comisión de los hechos punibles en la región de Urabá. En dichaépoca, la fiscalía informó que se encontraban, en su mayoría, en investigación preliminar.
En junio de 2001, el demandante solicitó al Fiscal General de la Nación información sobre la situación procesal de “207 crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos colectivos, perpetrados en las cinco comunidades [Dabeiba, Chigorodó, Turbo, Apartadó y Frontino]... haciéndole en cada caso una relación somera delos hechos; indicándole en qué fecha y por qué medios se había denunciado cada crimen ante las más altas autoridades del Estado”. La respuesta de la fiscalía fue enviar un listado general, con diversos procesos, en que se indicaba su estado. Nunca, señala el demandante, se explicó porqué las investigaciones habían demorado tanto, habida consideración de la gravedad de los mismos, que demostraban“prácticas sistemáticas que revelan patrones de agresión planificados contra conjuntos de poblaciones civiles y que involucran a instituciones del Estado y a grupos que actúan con la aquiescencia, colaboración y protección de las anteriores”.
En el mes de agosto de 2001, enterado del proceso en contra del General (R) Rito Alejo del Río Rojas, “decidí presentar una denuncia integral de los más de 200crímenes perpetrados en dichas cinco comunidades, con el fin de que se perfeccionara la investigación, no sólo contra el General Del Río, sino contra otros agentes del Estado que a nuestro juicio tenían responsabilidades evidentes en dichos crímenes de lesa humanidad, ya por acción, ya por omisión... En dicha denuncia, radicada en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos (Proceso N° 426)el 22 de agosto de 2001, presenté fuera de los fundamentos de hecho, una extensa fundamentación jurídica, apoyándome en el Derecho Internacional, tanto consuetudinario como convencional”. El demandante señala que pretendía demostrar que existían una serie de conductas que correspondían a delitos de lesa humanidad, realizados de manera sistemática y de escala, que implicaba una “política de...