Acciones De Incidencia Colectiva En La Ley De Defensa Del Consumidor Argentina.
Páginas: 25 (6115 palabras)
Publicado: 3 de enero de 2013
Acciones de incidencia colectiva en la ley de defensa del consumidor argentina.
1. El estado actual de la legislación sobre los derechos de incidencia colectiva en Argentina.
El primer antecedente de una norma que hiciera referencia a la tutela de intereses colectivos en la Argentina fue Ley de Defensa del Consumidor 24.240 (en adelante LDC) , sancionada en 1993.
La ley en sutexto originario introducía herramientas para la tutela de intereses colectivos. Así, establecía la posibilidad de que “La sentencia dictada en un proceso no promovido por el consumidor o usuario, sólo tendrá autoridad de cosa juzgada para el demandado, cuando la acción promovida en los términos establecidos en el segundo párrafo del art. 52 sea admitida y la cuestión afecte un interés general” (art.54)
Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó los artículos más innovativos y relevantes de este cuerpo legal[i], neutralizando la potente herramienta legal que pretendía instaurarse, quedando sólo algunas soluciones útiles, pero desarticulado el sistema en su coherencia interna y en su eficacia coactiva.
Así, el antes referido artículo 54 fue completamente observado por el veto presidencial,como también se vetó la posibilidad de que las asociaciones de consumidores estarán habilitadas como litisconsorte de cualesquiera de las partes (conf. texto original art. 52).
Apenas un año después tuvo lugar la Reforma Constitucional de 1994, que al otorgar rango constitucional a la acción de amparo, introduce con la nueva redacción del art. 43 de la Carta Magna, la tutela de los interesescolectivos. Lo hace a través de la institución del llamado “amparo colectivo”, disponiendo que podrá interponerse esta acción en lo relativo a los "...derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor..." , así cómo a los "...derechos de incidencia colectiva en general..." y establece supuestos de legitimación extraordinaria para esta acción colectiva, que más adelanteanalizaremos.
La norma constitucional mencionaba que estos derechos se ejercitarían “…conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”[ii]. Lo cierto es que, a 18 años de la convención constituyente, no se ha legislado ninguna norma que regule en forma general y sistemática los procesos de incidencia colectiva en nuestro medio, lo que ha motivado que la SupremaCorte de Justicia alertara sobre la “mora” del legislador al respecto: “Frente a esa falta de regulación -la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido-, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darleeficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular”[iii].
En el año 2002 se sancionó la Ley General del Ambiente No. 25.675, que en su artículo 30 receptó la acción colectiva para la recomposición del daño ambiental, siguiendo las pautas de la norma constitucional en el establecimiento de legitimados extraordinarios,y que en su art. 33, parrafo 2° establece el efecto “erga omnes” de la cosa juzgada, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente por cuestiones probatorias. No obstante ello, por la propia naturaleza de los derechos tutelados la ley general del ambiente es reglamentaria de la constitución en lo que respecta al ejercicio de derechos difusos, de objeto indivisible, por locuál no satisfacía la carencia de normativa procesal en materia de derechos individuales homogéneos.
Mientras tanto, la tutela de los derechos indivuales homogéneos, fue siendo restrictiva, pero progresivamente aceptada por los tribunales argentinos, en una construcción jurisprudencial carente de un marco legal adecuado, influída sin duda influída sin duda por Código Modelo De Procesos Colectivos...
1. El estado actual de la legislación sobre los derechos de incidencia colectiva en Argentina.
El primer antecedente de una norma que hiciera referencia a la tutela de intereses colectivos en la Argentina fue Ley de Defensa del Consumidor 24.240 (en adelante LDC) , sancionada en 1993.
La ley en sutexto originario introducía herramientas para la tutela de intereses colectivos. Así, establecía la posibilidad de que “La sentencia dictada en un proceso no promovido por el consumidor o usuario, sólo tendrá autoridad de cosa juzgada para el demandado, cuando la acción promovida en los términos establecidos en el segundo párrafo del art. 52 sea admitida y la cuestión afecte un interés general” (art.54)
Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó los artículos más innovativos y relevantes de este cuerpo legal[i], neutralizando la potente herramienta legal que pretendía instaurarse, quedando sólo algunas soluciones útiles, pero desarticulado el sistema en su coherencia interna y en su eficacia coactiva.
Así, el antes referido artículo 54 fue completamente observado por el veto presidencial,como también se vetó la posibilidad de que las asociaciones de consumidores estarán habilitadas como litisconsorte de cualesquiera de las partes (conf. texto original art. 52).
Apenas un año después tuvo lugar la Reforma Constitucional de 1994, que al otorgar rango constitucional a la acción de amparo, introduce con la nueva redacción del art. 43 de la Carta Magna, la tutela de los interesescolectivos. Lo hace a través de la institución del llamado “amparo colectivo”, disponiendo que podrá interponerse esta acción en lo relativo a los "...derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor..." , así cómo a los "...derechos de incidencia colectiva en general..." y establece supuestos de legitimación extraordinaria para esta acción colectiva, que más adelanteanalizaremos.
La norma constitucional mencionaba que estos derechos se ejercitarían “…conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”[ii]. Lo cierto es que, a 18 años de la convención constituyente, no se ha legislado ninguna norma que regule en forma general y sistemática los procesos de incidencia colectiva en nuestro medio, lo que ha motivado que la SupremaCorte de Justicia alertara sobre la “mora” del legislador al respecto: “Frente a esa falta de regulación -la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido-, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darleeficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular”[iii].
En el año 2002 se sancionó la Ley General del Ambiente No. 25.675, que en su artículo 30 receptó la acción colectiva para la recomposición del daño ambiental, siguiendo las pautas de la norma constitucional en el establecimiento de legitimados extraordinarios,y que en su art. 33, parrafo 2° establece el efecto “erga omnes” de la cosa juzgada, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente por cuestiones probatorias. No obstante ello, por la propia naturaleza de los derechos tutelados la ley general del ambiente es reglamentaria de la constitución en lo que respecta al ejercicio de derechos difusos, de objeto indivisible, por locuál no satisfacía la carencia de normativa procesal en materia de derechos individuales homogéneos.
Mientras tanto, la tutela de los derechos indivuales homogéneos, fue siendo restrictiva, pero progresivamente aceptada por los tribunales argentinos, en una construcción jurisprudencial carente de un marco legal adecuado, influída sin duda influída sin duda por Código Modelo De Procesos Colectivos...
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