ALTAGRACIA SUPREMA Y CORTE

Santiago, treinta de marzo de dos mil quince.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos
tercero a séptimo, que se suprimen.
Y se tiene en su lugar y, además, presente:
1° Que el artículo 69 del D.L. 1.094 impone la medida de expulsión para
los extranjeros que ingresen clandestinamente al país o por lugares no
habilitados, una vez cumplida la pena que la mismadisposición contempla para
ese delito.
2° Que, según consta de los antecedentes, el 18 de marzo de 2014 la
Intendencia de Tarapacá formuló requerimiento contra la amparada por
infracción al artículo 69 antes citado, a fin de que el Ministerio Público iniciara la
investigación por el delito de ingreso clandestino. Sin embargo, en esa misma
fecha, la autoridad administrativa se desistió, lo que trajocomo consecuencia la
extinción de la acción penal, dictándose en cambio la Resolución N° 126, que
expulsa a la recurrente del país.
3° Que de los documentos acompañados junto al informe de la autoridad
recurrida se desprende que la investigación que sirve de fundamento a la
resolución de expulsión que afecta a la amparada se origina en el Parte Policial
N° 232 de 24 de febrero de 2014, que dacuenta de la fiscalización y control a
un grupo de ciudadanos dominicanos en la comuna de Colchane quienes se
encontraban sin tarjeta internacional de entrada al país, por lo que fueron
trasladados a las oficinas del Departamento de Extranjería y Policía
Internacional a fin de corroborar su situación migratoria, constatándose su
ingreso irregular.

4° Que la amparada no registra condenas ni encargospendientes,
manteniéndose hasta la fecha sujeta al control de firma periódica ante ese
organismo hasta la materialización de su expulsión.
5° Que no es posible soslayar que las atribuciones que detentan los
órganos de la Administración del Estado son conferidas por ley en función
directa de la finalidad u objeto del servicio público de que se trate. El ejercicio
legítimo de estas atribucionesexige, tratándose de actuaciones administrativas
de naturaleza sancionadora, además del respeto a los derechos de las
personas, una necesaria razonabilidad en la decisión de la autoridad.
6° Que de lo relacionado y los antecedentes acompañados al recurso se
desprende que la amparada arribó al país en búsqueda de mejores
expectativas de desarrollo laboral, suscribiendo un contrato de trabajo el 10 dejunio de 2014, pero que no ha podido ejecutarse dada la imposibilidad de
regularizar su situación migratoria, que es lo que esgrime la sentencia para
desconocer el arraigo que reclama, a pesar de permanecer en el país desde el
22 de febrero del año pasado.
7° Que sin duda la expulsión decretada acarreará graves efectos en su
persona, pues atendida la fecha de suscripción de la resoluciónadministrativa
que le afecta, sin que se haya procedido a su ejecución, le ha impedido
encontrar una legítima fuente de trabajo e ingresos, pese a convenir una faena
laboral que no puede concretar por la situación que le afecta, según se
demuestra con el documento de fojas 15, lo que refuerza su inequívoca
intensión de subsanar su situación migratoria, recibiendo de la autoridad un
pronunciamiento meramenteformal fundado sólo en la cita disposiciones
legales y reglamentarias y en el hecho no controvertido de un ingreso al
territorio nacional por un paso no habilitado, lo que se patentiza con la decisión
de la Intendencia de desistirse del requerimiento formulado contra la amparada.

8° Que en tales circunstancias la resolución atacada deviene en
arbitraria y afecta la libertad ambulatoria de laamparada, compelida a
abandonar el país, por lo cual la presente acción constitucional será acogida.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 21 de la
Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de
diecisiete de marzo pasado, escrita a fojas 73 y siguientes y en su lugar se
decide que se acoge el recurso de amparo interpuesto a favor de Altagracia...