Amparo constitucional

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SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
En fecha 31 de mayo de 2000, la abogada DILIA PARRA GUILLÉN, en su
carácter de Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y los
abogados JUAN NAVARRETE MONASTERIO y JUAN CARLOS GUTIÉRREZ,
en su carácter de Director General de la Defensoría del Pueblo y Director General de
ServiciosJurídicos de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, interpusieron de forma
oral acción de amparo constitucional en contra de la Comisión Legislativa Nacional “...al
existir en la actualidad, amenaza de violación de los Derechos y Garantías
Constitucionales establecidos en los artículos 62 y 70 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 293último aparte y
artículos 294 y 296 ejusdem”.
En fecha 31 de mayo de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al
Magistrado que con tal carácter suscribe.
El 5 de junio de 2000, los accionantes expusieron ante esta Sala que, en vista de
que no existe pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la acción, y que resulta un
hecho público y notorio que la ComisiónLegislativa Nacional procedió a designar los
nuevos miembros a integrar el Consejo Nacional Electoral “y su juramentación está
prevista para el día de hoy”, procedieron a ampliar la solicitud de amparo.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Señalan los accionantes en su exposición oral del 5 de junio, que la Comisión
Legislativa Nacional mediante acto de fecha 03 dejunio procedió a designar los
miembros del Consejo Nacional Electoral, por lo cual se materializó la amenaza de
violación de los artículos 62, 70 y 296, que fuera denunciada en la exposición oral del 31
de mayo. En efecto, señalan que el órgano legislativo, vulneró sus derechos
constitucionales al prescindir del procedimiento de postulación establecido en el artículo
296 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela y al llamar a una mesa
de diálogo, la cual estuvo integrada por organizaciones de la sociedad civil, quienes
tuvieron la posibilidad de postular y evaluar candidatos. La situación anterior, colocó –a
su decir- en posición desigual a los candidatos propuestos por otros sectores. Además,
indican que el período de oposición fue sumamente breve, lo cual setraduciría –según
alegan- en la violación de derechos y garantías constitucionales.
Señalan igualmente que en el procedimiento realizado por la Comisión Legislativa
Nacional: “1) No hubo representatividad ni igualdad de oportunidades, por cuanto en la
‘mesa de diálogo’, no se encontraban los diversos sectores de la sociedad civil, se
encontraba la iglesia católica, mas no representantes deotros credos, se encontraban los
representantes de los empresarios, mas no representantes de los trabajadores, en
consecuencia, no estaba representado el pueblo de Venezuela. 2) No hubo igualdad de
condiciones, por la dualidad de funciones de postulación y evaluación de los miembros
de mesa hacia los postulados. 3) No hubo diálogo suficiente, que permitiera la
evaluación objetiva de lospostulados, conforme al perfil requerido para ocupar el
cargo”.
Es por lo anterior que, solicitan sea declarado con lugar el amparo interpuesto,
desistiendo de la medida cautelar solicitada en la exposición originaria.
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la
presente acción de amparo, y a talefecto observa que la misma ha sido ejercida en contra
de la designación que el 3 de junio de 2000 realizara la Comisión Legislativa Nacional de
los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Mediante sentencias del 20 de enero del presente año, recaídas sobre los casos
Emery Mata y Domingo Ramírez Monja, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Constitucional, determinó el régimen...
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