Analisis sentencias derecho a libre asociacion corte interamericana de ddhh

Análisis caso BAENA RICARDO y OTROS vs. PANAMA.
Inicio: Se originó en la denuncia número 11.325, recibida en la Secretaría de la Comisión el 22 de febrero de 1994; el 16 de enero de 1998 propone ante la Corte, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A N T E C E D E N T E S.
• 16 de octubre de 1990, la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales presentó un pliego depeticiones de carácter laboral ante el Gobierno de Panamá (presidido por Guillermo Endara), con referencia a cambios propuestos en su programa político de gobierno, afectaban a la clase trabajadora. El Estado rechaza las peticiones.
• El Sindicato convoca a una marcha el 4 de diciembre de 1990; y, el mismo día, paralelamente el ex jefe de la Policía Nacional, Coronel Eduardo Herrera Hassán, y otrosmilitares detenidos, escaparon de la cárcel de la “Isla Prisión de Flamenco”, tomándose el cuartel principal de la Policía Nacional. El Estado vinculó este hecho con la marcha organizada por los dirigentes sindicales, razón por la cual éstos decidieron suspender el paro el 5 de diciembre de 1990 a las 7:30 am. El Estado consideró que la acción sindical fue “una participación cómplice” con el fin dederrocar al “Gobierno constitucionalmente instalado”, proponiendo el despido masivo de todos los trabajadores que habían participado en la marcha, para lo cual remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
• 14 de diciembre de 1990 la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y denominándolo Ley 25 en el cual “se adoptan medidas tendientes a proteger lademocracia y el orden jurídico constitucional en las entidades gubernamentales” con carácter retroactivo a diciembre de 1990. En razón de ello, el procedimiento de carácter laboral en un Juzgado de Trabajo que debía seguirse conforme a la normativa vigente en el momento en que ocurrieron los hechos (incluso en el momento en que se produjeron la mayoría de los despidos) se reemplazó por “un reclamocontencioso administrativo extraordinario totalmente ajeno al ámbito laboral”. Los reclamos fueron desestimados en su totalidad por la Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema.
• Los 270 trabajadores destituidos presentaron sus reclamos ajustándose a las leyes vigentes; sin embargo, estos reclamos fueron tramitados conforme al procedimiento creado en la Ley 25 bajo el argumento deque dichas leyes habían sido dejadas sin efecto o modificadas parcialmente.

C O M I S I O N I N T E R A M E R I C A N A.
• El 22 de febrero de 1994 la Comisión recibió en su Secretaría una denuncia hecha por el Comité Panameño por los Derechos Humanos en favor de 270 empleados públicos destituidos como consecuencia de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990.
• El 6 de julio de 1994 laComisión comunicó la denuncia al Estado y le solicitó que presentara la información correspondiente en un plazo de 90 días.
• El 16 de octubre de 1997, durante su 97o. Período de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe No. 37/97, el cual fue transmitido al Estado el 17 de los mismos mes y año.
Conclusiones del informe:
1. Los actos de los Poderes Públicos del Estado mediante los cuales la AsambleaLegislativa aprobó la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; el Poder Judicial la declaró constitucional en casi su totalidad y el Poder Ejecutivo le dio aplicación, en base a lo cual se violaron los derechos humanos de los peticionarios y se rechazaron todos sus reclamos, son incompatibles con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Que respecto de las 270 personas encuyo nombre se promueve el presente caso, el Estado de Panamá ha dejado de cumplir con sus obligaciones en relación con las siguientes normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
- artículo 8, derecho a las garantías judiciales;
- artículo 9, principio de legalidad y de irretroactividad;
- artículo 10, derecho a indemnización;
- artículo 15, derecho a reunión;
- artículo...