arbitraje comercial



INTERVENCIÓN, COOPERACIÓN Y AUXILIOS JUDICIALES POR PARTE DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES EN EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL













En cuanto a la intervención del juez en el procedimiento arbitral, pese a los orígenes medievales de las órdenes judiciales de continuación de un procedimiento, sólo en los últimos veinte años su existencia y actividad ha sido patente paralos juristas ajenos al commom law. La institución está presente en el ámbito geográfico inglés y, fruto del crecimiento de las conexiones entre partes y procedimientos en el comercio internacional de las conexiones entre partes y procedimientos en el comercio internacional, se ha dado a conocer en Europa. Su incidencia en el desarrollo de los procedimientos y, en particular, su eficaciaextraterritorial, han atraído sobre estas medidas la atención de los sectores de la jurisdicción y el arbitraje internacionales. Se trata de considerar la actuación directa del juez en el desarrollo arbitral comercial internacional desde la perspectiva de sus destinatarios, esto es, las partes o el tribunal arbitral. La doctrina continental ha dispensado a esta intervención judicial una acogida netamentenegativa por considerarla una intolerable intromisión en la justicia y soberanía extranjeras. No debe obviarse que el caso del arbitraje es, de entrada, sensiblemente diferente, pues la orden de detención del procedimiento no se dirige a una jurisdicción estatal, sino a las partes o a los árbitros. De un lado, las antisuit injuctions pueden servir al mejor desarrollo del arbitraje en cuantoinstitución, impidiendo la continuación de un procedimiento judicial iniciado de mala fe, de otro modo, una medida de este tipo puede pretender paralizar un arbitraje, lo cual sitúa la discusión no en términos de soberanía jurisdiccional, sino de respeto al principio de competencia- competencia.
La normativa que más ha servido como punto de referencia en materia de
arbitraje, la Convención de NuevaYork sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras del año 1958, no define el carácter internacional del arbitraje. Este instrumento ha creado un marco regulatorio del arbitraje que se lleva a cabo en el extranjero y culmina con una sentencia arbitral pronunciada fuera del territorio nacional. La Convención también admite la posibilidad de que un laudo dictado en elterritorio de un Estado no se considere doméstico (art. I.1). Lo anterior se refiere a los casos en que la jurisdicción sede del arbitraje contempla un procedimiento específico para el arbitraje comercial internacional. En otras palabras, a falta de una legislación global o uniforme, el reconocimiento de la internacionalidad del arbitraje está entregado al derecho nacional del país sede dearbitraje. En este contexto, la LMA constituye un gran avance en la construcción conceptual del arbitraje, dado que ofrece una importante pauta para la definición del criterio de la internacionalidad.

La tarea de definir el carácter comercial del arbitraje se enfrenta con un doble desafío. Primero, corresponde distinguirlo del arbitraje de derecho público y segundo, delimitarlo del arbitraje dederecho privado que no verse sobre los asuntos comerciales. La primera distinción apunta a la participación en el arbitraje de los Estados en su capacidad soberana y a las fuentes que contemplan las cláusulas arbitrales que se consideran tratados de derecho público.18 Sin embargo, tal distinción resulta difícil de sostener si se toma en cuenta que el arbitraje entre un inversionista y un Estado puedeefectuarse por dos vías. Por un lado, están los Acuerdos de Protección y Promoción de las Inversiones que suelen contemplar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial como foro arbitral. Pero por otro lado, la controversia entre un inversionista y el Estado receptor de la inversión puede ventilarse en un foro ‘privado’, por ejemplo, en la...