Asamblea Constitucional

Corte Suprema de Justicia
Sentencia No. 138 de 1990

Consideraciones de la corte
En mayo 24 de 1990 se afirmó que por medio de la votación se produciría la convocatoria de una asamblea constitucional, se asignó un mandato político, el mecanismo que se utilizó para que se permitiera la manifestación del pueblo a convocar una asamblea fue un decreto de estado de sitio, el control de este lecorresponde a la corte según las normas citadas.
Un movimiento de opinión pública logro que el 11 de marzo de 1990 un número considerable de ciudadanos se manifestara en las elecciones a los cuerpos de representación por la necesidad, según afirmo el gobierno, de una pronta reforma por una Asamblea Constitucional convocada, además, con el apoyo de diversas fuerzas políticas y sociales. Esa actitudexpresada en las urnas se estimó por el gobierno útil para contribuir a la normalización de la situación de turbación de orden público por la que atraviesa el país y para facilitar la aparición de “nuevas alternativas de participación política que conduzcan al logro del restablecimiento del orden público”. 
* Aspectos formales
El Decreto sub examine lleva la firma del Presidente y de todossus Ministros, tal como lo ordena la Constitución Nacional, y produce efectos temporales “mientras subsista turbado el orden público”, por lo que cumple con los requisitos formales que la Carta impone a este tipo de actos.

* Conexidad
La Corte expresó que el fortalecimiento de las instituciones políticas fundamentales era necesario para hacer frente a las diversas formas de ataque a que seviene sometiendo la paz pública, hasta convertirse en un “clamor popular” que tenía significación política; incluso los alzados en armas en todos los acuerdos que realizaron con el Gobierno para poner fin a la subversión, condicionaron su reintegro a la vida civil a la realización de la Asamblea”.
la Corte tiene competencia para revisar tanto la parte resolutiva como la motiva para decidirdefinitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que expida el Gobierno Nacional durante el estado de sitio, máxime en casos como el presente, cuando ella está íntimamente vinculada con la parte resolutiva del decreto; en efecto el artículo 2° del Decreto 1926 de 1990, al señalar el texto de las papeletas en favor y en contra de la convocatoria de la Asamblea Constitucional,expresamente dice que ella estará regulada por lo establecido en el Acuerdo político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. Al estudiar el Decreto 927 de 1990, la Corte encontró, que la autorización que el Gobierno hace para que la organización electoral contabilice los votos que se puedan presentar por la convocatoria de una Asamblea Constitucional es unamedida que encuentra relación de conexidad con los hechos generadores de la perturbación que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Sitio.
Las manifestaciones de violencia que continuamente azotan al país, en la ineficacia de las instituciones para enfrentar esas situaciones, en la necesidad de “rediseñar” dichas instituciones para ponerlas acordes con los tiempos modernos, en la decisión dela voluntad popular mayoritariamente expresada el pasado 27 de mayo en favor de la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional y –sobre todo– en el fundamento de legitimidad que debe tener la organización política.
Dicho concepto lleva el reconocimiento de la evolución del derecho constitucional y del papel de las constituciones en el mundo moderno. Si bien el derecho a darse unaconstitución jurídica, como reguladora de la organización política, surge inicialmente con la función primordial de limitar el ejercicio del poder, de atribuir competencias, también es cierto que hoy se le agrega la de integrar los diversos grupos sociales, la de conciliar intereses opuestos, en la búsqueda de lo que se ha denominado el consenso constitucional, por lo que el acuerdo sobre el contenido...