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onde en realidad no se pone ni un solo peso) por parte de la nación para atender el pasivo pensional de las universidades, aprobada en el presupuesto, es una triquiñuelajurídica que consiste en dividir los recursos de la Ley 30 de 1992 en dos partidas (i) recursos para funcionamiento y (II) concurrencia nación pasivo pensional. Elgobierno no hace ningún aporte adicional de los que ya reciben las universidades públicas, con lo que incumple con sus obligaciones tradicionales y dejan esta responsabilidad enmanos exclusivas de las universidades. Como se muestra en el cuadro anterior, la Universidad Nacional tendrá 26,23% ($122.478.280.522) de su presupuesto menos parafuncionar, la de Caldas 20,71% (12.420.020.503), la de Córdoba 31,63% (21.628.783.726) sumas escandalosamente altas que comprometen seriamente la viabilidad financiera y elfuturo de estos entes. Es claro que importantes proyectos se van a ver comprometidos con la destinación de estos recursos para una finalidad distinta que la que prevé la ley30.

El artículo 38 y el proyecto de decreto reglamentario

La destinación especifica de un porcentaje de los recursos que reciben las universidades por vía de la Ley 30de 1992, como supuesta concurrencia por parte de la nación, aprobada en la Ley de presupuesto 1169 y en el decreto de liquidación 4449 de 2007, afecta de manera grave elfuncionamiento de las Instituciones públicas de educación superior, vulnerando la autonomía universitaria y desconociendo numerosos fallos de la Corte Constitucional, enespecial la Sentencia C-926/05[2]. Tal medida marca la pauta de lo que será y se tiene propuesto, por parte del gobierno de Uribe, en el proyecto de decreto reglamenta
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