Capitulos I, Ii Y Iii De La Repercusión Jurispudencial Del Caso Carmona En Materia De Responsabilidad Patrimonial Del Estado En Venezuela Autora: Maria Del Carmen La Riva Ron

CAPITULO I
PRELIMINARES
Venezuela, es un Estado democrático social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores la justicia social, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, entre otros, y en general la preeminencia los derechos humanos, a tenor de lo previsto en el artículo 2 constitucional, el cual tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de lapersona y el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados constitucionalmente, conforme lo dispone el artículo 3 ejusdem, de tal modo, que la Administración Pública servidora está sometida a la supremacíaconstitucional, al imperio de la Ley , y al control judicial de sus actos a tenor de lo previsto en los artículos 7, 137, 259, 334 y 336 constitucionales. Entendiéndose por Estado democrático, lo que sustenta toda la organización política de la Nación en los principios fundamentales, que se inicia por el ejercicio de de la soberanía mediante la democracia directa y participativa. El Estado social, es aquelque tiene como objetivo la búsqueda de la justicia social, y lo lleva a intervenir en la actividad económica como Estado prestacional. El Estado de Derecho, es el que está sometido al imperio de la ley sujeta a la supremacía constitucional prevista en el artículo 7 y el principio de la legalidad inserto en al artículo 137 ambos de la Constitución, así como a los sistemas de control de laconstitucionalidad, y del control contencioso insertos en los artículos 334, 335, 336 y 259 constitucionales. Y el Estado de Justicia, es aquél que la garantiza por encima de la legalidad formal, lo que lleva a regular la tutela judicial efectiva. Según Hidelgard Rondón de Sansó , Allan Brewer Carías, fue el autor de la denominación de Estado democrático social de Derecho y Justicia, y así lo expresa elautor, en su obra ‘Debates Constituyentes’.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entendida como Norma Suprema, de valor superior a tenor del artículo 7, de carácter normativo, constituye una piedra angular en la presente investigación, por cuanto la Constitución transforma al poder desnudo en un legítimo poder, y apreciando que el gran lema de la lucha por el Estadoconstitucional ha sido la exigencia de que lo arbitrario debe disolverse en lo jurídico , como lo afirma García de Enterría, en la elaboración del presente trabajo especial, cuyo objetivo general, es determinar la repercusión jurisprudencial del Caso Carmona en la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en Venezuela, mediante el análisis jurisprudencial, y los criterios sustentados en cuanto a laaplicabilidad del Derecho Común vinculados a la responsabilidad civil ex delito y prescripción calculada en base al ordenamiento jurídico contenido en el Código Orgánico Procesal Penal conectada con la prejudicialidad penal y la cosa juzgada, por lo cual, se estima necesario como objetivo específico, su análisis a los fines de determinar su procedibilidad en el ámbito de la ResponsabilidadPatrimonial del Estado.
Entre otros aspectos de Derecho Común, se aprecia que la jurisprudencia alude a la legítima defensa y el estado de necesidad como causas de inimputablidad y de exclusión de Responsabilidad Patrimonial por la Sala Constitucional; la culpa y culpabilidad, lo cual debe analizarse desde la perspectiva del Derecho Común, y la viabilidad de su aplicación en materia del Sistema deResponsabilidad Patrimonial de la Administración con ponderación a la teoría del riesgo, lo cual conduce a la imputabilidad y relación de causalidad en la materia especial analizada.
Otro objetivo específico, es el análisis del silencio administrativo negativo, apreciando que la Sala Político Administrativa, sostiene haber operado, por haberse agotado el antejuicio administrativo, criterio aceptado...