Carta

TEXTOS COMPLETOS:

SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES:

Iquique, siete de julio año dos mil diez.

VISTO:

A fojas 89 comparece don Francisco Muñoz Flores, abogado, en representación de don Renato Cid Seguel, académico y ex vicerrector de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, quien recurre de protección en contra de don Gustavo Soto Bringas, Rector de lacitada Universidad.

Luego de indicar cuál es el origen de la Universidad recurrida y de la sede Victoria, casa universitaria en la que se desempeñaba el recurrente como vicerrector, señala que fue nombrado jefe de administración y finanzas en el año 1996, cargo en el que se desempeñó hasta el 2007, en que asumió la suplencia de la vicerrectoría de la sede. Haciendo énfasis en que larecurrida es una entidad jerarquizada, agrega que producto del crecimiento de la Sede Victoria, el Rector de la época le dio cierta autonomía, pero igual seguían sujetos a la supervisión de la Casa Central.

Relata que se inició un sumario contra el recurrente y otros funcionarios, sancionándose a 23 personas por distintos cargos, estableciéndose como responsabilidad final la del recurrente, puesostentaba, en ese tiempo, la calidad de Vicerrector Subrogante de la Sede. Agrega que el recurrido, al recibir la propuesta del Sr. Contralor, tuvo a la vista el sumario en que constan todos los descargos del recurrente, y que en lo tocante al cargo de falta de probidad, responde a instrucciones dadas desde la Casa Central desde el 2004.

Añade que de acuerdo al artículo 24 de la Ley Nº18.834, el recurrido podía disponer nuevas diligencias o bien, corregir vicios del procedimiento, pero en todo caso hacer una revisión de los antecedentes, para comprobar que no existen nuevas diligencias a realizar, ni vicios de procedimiento que corregir, y acto seguido, según lo indica el reglamento de sumarios de la Contraloría, debe notificar esa propuesta a los sumariados.

Señala queel no uso de la facultad indicada precedentemente, ha privado al recurrido de las garantías fundamentales de los numerales 2, 3 inciso 4º, y 24 de la Carta Fundamental, ello porque el Decreto 170, de 31 de marzo de 2010, del Rector recurrido, notificado al recurrente de protección el 6 de mayo de 2010, acoge la propuesta de Contraloría, destituyéndolo.

A fin de aclarar la decisión atacadaseñala cuáles son los cargos que se imputaron al recurrente:

1.- Haber vulnerado el principio de probidad administrativa establecido en la Ley 18.575 y la obligación de la estricta observancia de éste, señalada en el artículo 61 letra g) de la Ley Nº 18.834, debido a las siguientes acciones:

1.1.- Haber simulado indebidamente durante los años 2007 y 2008, los honorariospactados, entre otros, con don Eduardo Echeverría Cárdenas.

1.2.- Haber acreditado con su firma, entre otras, la boleta de honorarios presentada por la funcionaria Alejandra Soledad Maco Bustamente, de 25 de mayo de 2007, por $1.340.368.

1.3.- Haber visado con su firma, el comprobante de pago 444110, de 9 de noviembre de 2007, por $3.331.091, mediante el cual se cancelaron facturas adoña Rosa Cárdenas García, sin advertir que los bienes no habían sido efectivamente recibidos con posterioridad al proceso de adquisición.

1.4.- Haber firmado un cheque a nombre de la proveedora indicada en el punto anterior, sin advertir que los bienes no habían sido efectivamente recibidos, y, además, faltaba el acuse de recibo del mobiliario adquirido de aporte de los coordinadores jefesde los centros universitarios de Concepción y Chillán identificados.

Respecto de cada uno de los puntos anteriores indica que los procedimientos emanaron directamente de la Casa Central, en el primer caso, representándole a esta sus dudas respecto a los aumentos de renta; que en lo que dice relación con la boleta de honorarios de la Sra. Maco, la competencia para resolverlo es de la...