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EL REGIMEN ECONOMICO

El Título III de la Constitución se ocupa del régimen económico. Conviene que antes de ingresar al análisis de su articulado, señalemos que se trata de un Título en el que se ha producido un número significativo de cambios respecto de la Constitución de] 979. En efecto, si ésta se mantenía al margen delasconnotaciones ideológicas y se concentraba en dejar enunciadas lasorientaciones pertinentes a la consecución del desarrollo nacional y el estado de bienestar, la actual opta resueltamente por disposiciones en las que el perfil ideológico del neoliberalismo resulta visible.
Esta opción, limitativa del pluralismo económico y del margen de juego que siempre conviene dejar a la actuación de los gobiernos para que operen con rapidez en la provisión de soluciones aproblemas emergentes, puede afectar la estabilidad del sistema económico en sus relaciones con el marcoconstitucional de referencia. Ojalá no sea así, pero llenar de rigidecesideológicas una Constitución, sobre todo cuando se trata de asuntoseconómicos, no es lo más aconsejable.Además, un aspecto a subrayar es que la orientación económica de laConstitución, definida en los párrafos anteriores, se ratifica al hacer unaprimera comparación entre las disposiciones de este Capítulo con el que se ocupa de los derechos económicos y sociales, visiblemente restringidos por el texto constitucional. Un claro ejemplo de ello es el tema de la estabilidad laboral, que en la Carta de 1979 era reconocido como un derecho y quelanueva Constitución, fiel a sus principios dogmáticos en el campo de laeconomía, ha borrado de un solo tirón. Adicionalmente, está orientaciónprivatista de la Constitución que ha sido radicalmente asumida por el gobierno que la promovió, rebasando –inclusive las propias previsiones constitucionales. Por otro lado, un factor concurrente con la nueva orientación constitucional en materia económica es el referido a la reforma del Estado que, por la maneraenque está siendo enfocada, está quitando importancia a los ministerios yrelativizando el propio régimen político.
Esto se explica por el énfasis puesto en los entes de supervisión de las actividades económicas. Estos no están en la Constitución -salvo la Superintendencia de Banca y Seguros- pero derivan dela opción que ella misma diseña.
Retornando el análisis doctrinario, Francisco FERNANDEZ SEGADOapuntaque la recientemente reconocida «Constitución económica» en el DerechoConstitucional está reflejada por «el conjunto de normas que delinean el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividadeconómica»269Nótese que, con acierto, el profesor español se refiere al «marco jurídico fundamental», que no es otra cosa que los principios generales del régimen económico. Es por ello que sostenemos que ninguna Constitución se debe inmiscuir en eltratamiento específico de materias económicas que por su temporalidad están sujetas a cambios esporádicos en el tiempo.La nueva Constitución peruana, como veremos a continuación, se salecontinuamente de este marco y toma definidamente posición sobrecircunstancias económico financieras ajenas a la temática constitucional y susceptibles, más bien, de políticas económicas de gobierno.

1. Los PrincipiosGenerales

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
Preside los principios generales en materia económica de la Constitución la norma que establece que «lainiciativa privada es libre». Quiere esto decir que cada persona tiene el derecho a desarrollar las actividades económicas que considere de su preferencia dentro de la sociedad, desde luego cumpliendo las normas que regulan dicha iniciativa.Sin embargo, estas normas deben estar destinadas a canalizarla, no aentorpecer su...