ciencias politicas

El Derecho a la Educación en Argentina:
Del reconocimiento formal al reconocimiento efectivo
Autoras: Ingrid Sverdlick y Paula Costas, LPP, CADE.
Septiembre 2007.
Un detallado estudio sobre la dimensión formal del derecho a la educación da
cuenta que la legislación existente es bastante abarcadora y actual. Un breve
recorrido por la normativa nacional, aún omitiendo la producciónprovincial, da
cuenta de ello:
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1853, Constitución de la Nación Argentina, Primera Parte, Capítulo Primero,
Declaraciones, derechos y garantías, Art. 14.-, sostiene que todos los
habitantes de la nación gozan –entre otros- del derecho a enseñar y
aprender, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio.
1884, Ley de Educación Común Nº 1.420, Consagra la instrucción primariaobligatoria, gratuita y gradual.
1905, Ley Nº 4.874, denominada Ley Láinez, establece la creación de
escuelas primarias nacionales en las provincias.
1938, Ley 12.558, Ley Palacios, otorga asistencia médico-social a la niñez
en edad escolar.
1991, Ley de Transferencia de los servicios educativos nacionales a las
provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, Nº 24.049.
1993, Ley Federal de Educación Nº24.195.
1994, Reforma constitucional (Art 75. Inciso 19): otorga al Congreso
Nacional la responsabilidad de sancionar leyes que organicen la educación,
asegurando la responsabilidad indelegable del Estado, garantizando los
principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal.
1995, Ley Nº 24.521 de Educación Superior.
2004, Ley Nº 25.864, Ley de garantía de duración del ciclolectivo.
2005, Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional.
2005, Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo.
2005, Ley Nº 24.016 de Jubilación Docente.
2005, Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.

Además, en diciembre de 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional de
Educación (Nº 26.206) que es presentada por la gestión de gobiernocomo el
principal referente de un proyecto nacional que busca fortalecer los principios
básicos sobre los que se sustenta la educación pública: la equidad, la justicia, la
solidaridad y el bien común. Un aspecto muy positivo es que esta ley reestablece
las obligaciones del Estado respecto de la educación primaria y, las amplía
respecto de la educación media.
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Más allá del análisis quepueda realizarse sobre los textos legislativos, podemos
orientar las preguntas hacia el alcance efectivo de las leyes para hacer posible su
propio cumplimiento y también en relación con otros factores asociados e incluso
condicionantes de la efectividad de este cuerpo normativo como garante del
derecho a la educación.
En ese sentido, está claro que el cumplimiento efectivo del derecho a laeducación
no queda garantizado por esta profusión de leyes, aún cuando ellas son
absolutamente necesarias y beneficiosas, no sólo como instrumentos jurídicos
normativos, sino también en tanto que imprimen una determinada perspectiva del
derecho a la educación. Entendemos que las leyes por sí solas resultan
insuficientes si no son acompañadas de fuertes políticas públicas que se orienten
tantoa garantizar el cumplimiento efectivo de dichas leyes, como a sostener la
perspectiva que les dio origen. Resulta sumamente necesario que las normas se
inscriban en un conjunto de medidas más amplias, que sean coherentes con la
igualdad, la justicia, la solidaridad y el bien común no solo en el plano educativo,
sino más allá de él.
En función de ello, entendemos que la dimensión efectiva delderecho a la
educación se ve obstaculizada por distintos tipos de razones o problemas que
manifiestan su incumplimiento: en primer lugar, aquellos vinculados con el contexto
y, en segundo lugar, los problemas derivados de las propias dinámicas del sistema
educativo.
Parecería una verdad de perogrullo afirmar que las peores condiciones para el
cumplimiento del derecho a la educación se...