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El 28 de diciembre de 1992, el Congreso de la República aprobó la Ley 30, “por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”. Sin duda alguna se trató de la introducción de modificaciones trascendentales al sistema de educación superior en Colombia, en aplicación de los principios y fundamentos que incorporó la nueva Carta Constitucional, aprobada en julio del añoinmediatamente anterior.
En su artículo 67 la Constitución de 1991 señala que “… El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica” y luego añade “… La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechosacadémicos a quienes puedan sufragarlos.” Más adelante, en el artículo 69 establece que “El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Es con arreglo a estos preceptos que se legisla en materia de financiación de la Educación Superior Pública en la Ley 30, instaurándose un mecanismo que ha permitido el marchitamientopaulatino de la financiación estatal y el florecimiento de la financiación con base en el incremento del costo de las matrículas y el aumentode los denominados “otros ingresos”.

Antes de la expedición de la Ley 30 de 1992, el Departamento Nacional de Planeación elaboró un documento denominado PLAN DE APERTURA EDUCATIVA 1991-1994, el cual “presenta los lineamientos básicos del plan educativo parael último decenio del siglo” (PAE -1991- Pag. 2), una de cuyas recomendaciones es la de solicitar al ICFES “Presentar un proyecto de reforma del Decreto 80 de 1980, para adecuarlo al nuevo esquema de apertura educativa”(PAE -1991- Pag. 46). ¿En qué consistieron esos lineamientos de política para la financiación de la Educación Superior pública? Veamos.

“Reorientar el gasto público en educaciónhacia los grupos más pobres de la población. Ello significa un mayor esfuerzo estatal en la financiación de la educación primaria y secundaria y un mayor esfuerzo de las familias en la financiación de la educación superior. Los mayores recursos de las universidades provendrán de la recuperación de costos académicos, de la diversificación de fuentes de ingreso y de los ajustes administrativos einstitucionales.” (PAE -1991- Pag. 28). Más adelante agrega: “garantizar el acceso oportuno y expedito al crédito educativo para financiar estudios universitarios. El sistema será de acceso universal y su administración se ampliará al sector financiero.” (PAE -1991- Pag. 29). Finalmente, dentro de las recomendaciones señala “Incremento progresivo de las matrículas en las universidades públicas de talmanera que los nuevos estudiantes cubran la tercera parte de sus costos en un plazo de 10 años, siempre y cuando se creen sistemas de financiación para los estudiantes más pobres. (PAE -1991- Pag. 45)”
Es esa la forma que asumió la aplicación de los mandatos constitucionales, en términos de política pública de financiación de la educación superior: Proyectar el marchitamiento paulatino de laasignación de recursos del Estado a las universidades públicas y la germinación y el fortalecimiento de la privatización mediante el incremento de los valores de las matrículas y la generación de “otros ingresos” por la vía de la venta de bienes y servicios; buscar la manera de convertir a todos los estudiantes universitarios en “sujetos de crédito”, para que puedan “sufragar los costos de losderechos académicos”, evitando así que “estudien de gorra” garantizando que paguen después -como proclama un promocionado candidato a la presidencia que dice preocuparse mucho por la educación, la ciencia y la tecnología-.
Eso explica el congelamiento, en la práctica, de las asignaciones provenientes de los recursos del estado, “tomando como base los presupuesto de rentas y gastos vigentes, a partir...