CNCP Zichy Thyssen

Poder Judicial de la /Nación
Acuerdo 1/06 -Plenario N° 11- "Zichy Thyssen, Federico; Ivanissevich, Alejandro s/recurso de inaplicabilidad de ley".
Acuerdo N° 1/2006, en Plenario N° 11.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de junio de dos mil seis, reunidos los señores Jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, en virtud del recurso de inaplicabilidad de ley admitido en lacausa N° 5513 del registro de la Sala III del Cuerpo, caratulada "ZICHY THYSSEN, Federico; IVANISSEVICH, Alejandro s/recurso de inaplicabilidad de ley", para resolver sobre el siguiente temario: "Si el pretenso querellante se encuentra legitimado para interponer los recursos de competencia de esta Cámara".
El señor juez doctor Eduardo R. Riggi dijo:
1. La cuestión a decidir en la presenteconvocatoria a plenario, se ciñe a establecer "si el pretenso querellante se encuentra legitimado para interponer los recursos de competencia de esta Cámara". En esa labor, conviene efectuar un breve repaso sobre el rol del querellante particular en el régimen de enjuiciamiento penal que rige en la actualidad.
Recordemos entonces, que nuestro sistema jurídico penal se asienta sobre la noción de bienjurídico, concepto que podría definirse como aquellos intereses generales de la sociedad que por su importancia y significación resultan merecedores de la máxima tutela que el ordenamiento normativo prevé: la sanción penal. Este concepto, asimismo, presupone que toda lesión a un bien jurídico no lo es tan sólo contra una persona o grupo de personas, sino contra la sociedad toda; y ello así por cuanto latitularidad de los bienes jurídicos corresponde a todo el cuerpo social. Dicho en otros términos, los bienes individuales de los que son titulares las distintas personas que componen la sociedad son asumidos por el ordenamiento jurídico como bienes generales, y en tal carácter son merecedores de la protección del Estado en su condición de único legitimado para el ejercicio de la violencia (conf.Sala III, causa n° 3751 caratulada "Etchecolatz, Miguel O. s/ recurso de casación", reg. 540/02, del 25/9/02). Sostiene en este sentido Vélez Mariconde que "nadie puede negar que el delito es un atentado al orden jurídico social, un ataque al Estado, de modo que éste es realmente el ofendido y el titular de la pretensión represiva emergente del delito" (conf. "Derecho Procesal Penal", Ed. Lerner,tomo I, pág. 292, Buenos Aires, 1969).
Señala al respecto Claus Roxin que "el Estado no tiene únicamente la pretensión penal material, sino también el derecho y la obligación de perseguir penalmente. El realiza su pretensión penal por sí mismo, es decir, sin consideración a la voluntad del ofendido; interviene de oficio en todos los hechos punibles. El ofendido puede presentarse como denunciante opuede ser testigo en el proceso; pero ni siquiera esto es necesario. De todos modos, él no tiene, en principio, ninguna influencia en cuanto a si se llevará a cabo un procedimiento penal... La razón de esta regulación es el interés público en que los hechos punibles no queden sin persecución. Muchas veces los particulares no están dispuestos o no se hallan en la situación de ejercer la acción por símismos; sobre todo pueden estar dispuestos a prescindir de una denuncia penal por temor a la venganza o a algún otro inconveniente." ("Derecho Procesal Penal", traducción de la 25a. edición alemana de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B.J. Maier, Buenos Aires, 2000, pág. 83).
De lo expuesto se deriva el carácter de público del derecho penal, pues en la medida en que laprotección de aquellos intereses generales de la sociedad competa al Estado la voluntad de las posibles víctimas de los delitos no obsta al ejercicio por parte de aquél de la potestad punitiva. Esto último, claro está, obviando las particularidades que presentan los denominados delitos de acción privada, en los que "...como una condición objetiva de procedibilidad, el Estado subordina la...