Codigo procesal

DECRETO Nº 712

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

CONSIDERANDO: I. Que el vigente Código de Procedimientos Civiles fue promulgado el 31 de diciembre de 1881, siendo incuestionable que cada vez evidencia los males del proceso heredado de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, de donde fue tomado, por lo que como es obvio, no satisface los derechos sustancialesde una justicia pronta y cumplida a que se refiere el Art. 182 ordinal 5 de la Constitución; Que si bien dicho código ha tenido reformas parciales a lo largo de su centenaria existencia, que han importado algunos avances, en verdad, no han logrado acelerar sensiblemente los procedimientos y generar un cambio de actitud de los operadores de justicia;

II.

III. Que los justiciables con absolutarazón demandan una completa transformación procesal, coherente con el derecho a la protección jurisdiccional, en virtud de que el añejo código nació en un contexto social y jurídico muy diferente al del siglo XXI y, por ende, se muestra inadecuado para una satisfactoria solución a los conflictos propios de una sociedad moderna e industrializada; IV. Que la característica principal de la normativade que se trata, es la de ser un proceso escrito, lento, formal y burócrata; en consecuencia, se impone la implementación de un código que mejore con creces la calidad de la justicia civil-mercantil, incorporando una serie de preceptos modernos y propios de los procesos orales, como son el predominio de la palabra hablada y la presencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración,función activa del juez, reducción de incidentes e impugnaciones y libre valoración de la prueba; V. Que en nuestro país se han tenido magníficos resultados en cuanto a economía procesal y a la obtención de la verdad real, mediante el funcionamiento del proceso por audiencias en materia procesal penal, de menores y familia, lo cual avala la nueva normativa en materia procesal civilmercantil y quesin duda redundará en un indubitable beneficio para la ciudadanía salvadoreña.

POR TANTO, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Federico Guillermo Ávila Qüehl, Norman Noel Quijano González, José Antonio Almendáriz Rivas, José Rafael Machuca Zelaya, José Mauricio Quinteros Cubías, Walter Eduardo Durán y Arturo Argumedo, con el apoyo de los Diputados RicardoBladimir González, Rolando Alvarenga Argueta, Luis Arturo Fernández, Oscar Abraham Kattán, Douglas Alejandro Alas García, Rubén Antonio Álvarez Fuentes, Herberth Néstor Menjívar Amaya, Irma Segunda Amaya Echeverría, Ernesto Antonio Angulo Milla, Fernando Alberto José Ávila Quetglas, Ingrid Berta María Béndix de Barrera, Noel Abilio Bonilla Bonilla, Yohalmo Edmundo Cabrera Chacón, Carmen ElenaCalderón Sol de Escalón, Oscar Enrique Carrero, José Vidal Carrillo Delgado, Carlos Alfredo Castaneda Magaña, José Ernesto Castellanos Campos, María Julia Castillo Rodas, Darío Alejandro Chicas Argueta, Carlos Cortez Hernández, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ricardo Cruz, Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi, María Patricia Vásquez de Amaya, Ana Vilma Castro de Cabrera, Juan Pablo Durán Escobar, AntonioEcheverría Véliz, Omar Arturo Escobar Oviedo, Enma Julia Fabián Hernández, Fernando Antonio Fuentes, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Argentina García Ventura, César Humberto García Aguilera, Juan García Melara, Manuel de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Héctor Alfredo Guzmán Alvarenga, Carlos Walter Guzmán Coto, José Cristóbal Hernández Ventura, Carlos RolandoHerrarte Rivas, Wilfredo Iraheta Sanabria, Jorge Alberto Jiménez, Gladis Marina Landaverde Paredes, Benito Antonio Lara Fernández, Audelia Guadalupe López de Kleutgens, Hortensia Margarita López Quintana, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Mario Marroquín Mejía, Alejandro Dagoberto Marroquín Cabrera, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Hugo Roger Martínez Bonilla, Marco Tulio Mejía Palma, Manuel...