consumidores argentinos

Buenos Aires, mayo 19 de 2010.
Considerando:
1) Que "Consumidores Argentinos, Asociación para la Defensa, Educación e Información del Consumidor" promovió acción de amparo, en los términos del art. 43 , CN y ley 16986 , contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 558/2002 , en cuanto modifica en formasustancial la ley 20091 de Entidades de Seguros y su Control; y "lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta los derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional", en concreto los previstos en sus arts. 17 , 18 , 42 , 75 , inc. 12, y 109 . Puso de resalto, por un lado, que el art. 1 , decreto 558/2002 incorporó, a continuación del párr. final del art. 29 ,ley 20091, la posibilidad de que las aseguradoras, ante una situación de iliquidez transitoria, realicen y constituyan deuda subordinada a los privilegios generales y especiales derivados de los contratos de seguro; y por otro lado, que el art. 2 del decreto impugnado sustituyó el art. 31 de la ley por la disposición que establece cesiones de cartera sin la exigencia de la publicidad, la exclusiónde activos de la aseguradora, la imposibilidad de iniciar actos de ejecución forzada sobre los activos excluidos y de trabarse medidas cautelares sobre dichos activos. En el plano sustancial, tales modificaciones, según su criterio, provocan, concretamente, las siguientes alteraciones: i) privan de ejercer el derecho de oposición fundada en un caso de transferencia de cartera y, en consecuencia,atentan contra el art. 42 , CN; ii) permiten la exclusión de activos de la aseguradora sin dar ninguna noticia a los asegurados, en violación al derecho de propiedad (art. 17 , CN); iii) restringen el ejercicio del derecho a ejecutar al deudor en sus activos por deudas impagas con afectación del derecho de propiedad (art. 17 , CN); iv) limitan la traba de medidas cautelares sobre los bienes deldeudor e imponen a los jueces la obligación de ordenar el levantamiento de las medidas trabadas sobre los bienes excluidos por voluntad de las empresas aseguradoras, en violación a los derechos de propiedad y de igualdad, al debido proceso y al principio de división de poderes (arts. 17 , 18 y 109 , CN); v) eliminan la autorización judicial para solicitar la anulación de actos ineficaces y permitirla exclusión de los activos aun cuando exista un estado de insolvencia, atentando contra los derechos de propiedad y de igualdad, del debido proceso y del principio de división de poderes (arts. 17 , 18 y 109 , CN); vi) limitan el derecho de los acreedores de la aseguradora respecto de los bienes excluidos de su patrimonio, lo cual es violatorio de los derechos de propiedad, de igualdad y de lagarantía del debido proceso. Respecto de la índole de la disposición normativa utilizada por el Poder Ejecutivo Nacional para introducir las modificaciones controvertidas, sostuvo que no se hallaban configurados los recaudos que habilitan el ejercicio de la potestad para dictar decretos de necesidad y urgencia.
Más que urgencia -dijo-, hubo "lisa y llanamente la intención del Poder EjecutivoNacional de brindar un `salvataje' al sector empresario del seguro más comprometido en su situación patrimonial" (fs. 6 vta.).
2) Que la sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar la sentencia del juez de primera instancia, hizo lugar a la demanda. En su decisión sostuvo que no basta que la situación sea de emergencia, sino que debe haber unacircunstancia excepcional en grado tal de hacer imposible el trámite legislativo, y que en el caso, si bien se había dado lo primero, no se cumplía con lo segundo, toda vez que el Congreso Nacional se encontraba en sesiones. Asimismo, señaló que el decreto contiene normas de regulación permanente, modificatorias de leyes del Congreso Nacional, las que traducen un apartamiento de los derechos...