Fallo consumidores argentinos

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Consumidores Argentinos c/ EN - PEN - Dto.
558/02-SS - ley 20.091 s/ amparo ley 16.986.

Los hechos relevantes de este fallo se basan en que el decreto de necesidad y urgencia 558/02, modifica en forma sustancial la ley 20.091 de entidades de seguros y su control; el decreto impugnado sustituyó el art. 31 de la ley por la disposición que establece cesiones de cartera sin la exigenciade la publicidad, la exclusión de activos de la aseguradora, la imposibilidad de iniciar actos de ejecución forzada sobre los activos excluidos y de trabarse medidas cautelares sobre dichos activos.
Según surge de los hechos expuestos, a partir de dicho decreto se estarían violando diversas normas de nuestra ley fundamental. Privando de ejercer el derecho de oposición fundada en un caso detransferencia de cartera y, en consecuencia, atentan contra el art. 42 de la Constitución Nacional. Además atenta contra el art. 17 CN en violación al derecho de propiedad, a modo de ejemplo la exclusión de activos de la aseguradora sin dar ninguna noticia a los asegurados; y del derecho de igualdad y debido proceso en cuanto a que obligan a los jueces a ordenar el levantamiento de las medidastrabadas sobre los bienes excluidos por voluntad de las empresas aseguradoras.
Nuestra CN establece en el art 99 inc. 3 los requisitos para el dictado de un DNU por parte del PE: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámitesordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete deministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especialsancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
En este caso en particular el limite para el dictado del DNU surge de la determinación del estado de necesidad y urgencia, requisito esencial para el dictado del mismo, establecido en el art 99 inc.3 de la CN, debido a que el mismo no fueacreditado por parte del PEN. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
El rol de la Comisión Bicameral Permanente es el control parlamentario de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, que podríandebilitar el equilibrio republicano de división y control entre poderes ya que esta es una garantía a la protección de los derechos y libertades consagrados en la Constitución. Sin el respeto por la separación entre poderes y el cumplimiento de las atribuciones específicas, ciertos derechos pueden resultar vulnerados.
En ocasión del dictado del decreto 558/02 la Comisión no estaba aun creadapor lo cual no se llevo a cabo el mandato constitucional de control legislativo, es decir la voluntad del constituyente del 94 en atenuar el presidencialismo. A través de lo expresado por los votos de los miembros de la Corte, en el fallo en análisis, surge que no habiéndose cumplido con el mecanismo constitucional propio de la excepción, el decreto 558/02 debe reputarse dictado en transgresión...
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