Contratacion

Cuando la adjudicación se realiza a favor de un empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de temeridad, se exige a este licitador una garantía definitiva del 20% del importe de la adjudicación.
El Abogado del Estado se opuso al recurso de apelación al considerar que del tenor literal del artículo 35 de la Ley de
Contratos se deduce que la garantía provisionalpuede no sólo ser retenida provisionalmente a las empresas que se
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encuentran incursas en presunción de temeridad o presenten bajas temerarias sino también la incautación a las empresas
que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación y la sentencia de instanciaconsidera que se retira
injustificadamente una oferta cuando está incursa en baja temeraria, conforme al artículo 83.3 de la Ley, interpretación
que se ve corroborada por la jurisprudencia que se cita en la sentencia impugnada.
de la mesa de contratación "interesando justificación oferta de licitación de contrato de ejecución de las obras de
urbanización...", y también se indica "La falta decontestación o la renuncia a la oferta presentada o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración
de retirada injustificada de la proposición con los efectos que establece el artículo 35.2 del TRLCAP (incautación de la
garantía provisional)".

En el presente caso, la recurrente no contestó nijustificó la baja temeraria, pese al previo requerimiento de solicitud de
información hecho por la entidad demandada, como pauta el artículo 83.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, de forma que tal falta de contestación a la solicitud de información, a que se refiere el precepto anteriormente
citado, según lo establecido en el artículo 62.2 del Real Decreto 1098/2001 queaprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos, "...tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición."

En cuanto a la inexistencia de perjuicio para
la Administración, hay que tener en cuenta que la fianza tiende a compensar a la Administración de lo que puede ser una
alteración del proceso de adjudicación bien por presentación de ofertas con bajas temerarias, retiradade ofertas etc.,
perjuicios de difícil evaluación por lo que la misma se realiza a priori partiendo de criterios objetivos y con independencia
de otros daños indemnizables imputables al contratista o, en otros casos, a la Administración
Adaptando lo dicho a la nueva legislación de Contratos, el artículo 136 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público se refiere a lasofertas con valores anormales o desproporcionados, de la siguiente manera:
“1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su
precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros
objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertasválidas que se hayan
presentado. 2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los
pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de
los criteriosobjetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que
permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o anormales. 3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que...