CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Contratos administrativos
Decreto 1023/2001
Decreto 893/12

Definición
No hay definición. La CSJN la fue armando. En general, el derecho anglosajón entiende que no hay diferencia entre contratos privados y contratos administrativos; mientras que en el sistema continental si hacemos la diferenciación, entendiéndolos independientemente el uno del otro.
Los fallos de la CSJN se desarrollan,receptando la Doctrina francesa (análisis de Coviello).
Primera etapa:
1) Intervención del Estado como parte
En la primera etapa puede afirmarse que, aunque no lo expresaba en forma directa, la Corte había exigido en el caso “Cooperamet” del año 1965, aparte de la presencia del Estado, que los contratos celebrados por la Administración Pública y sus entes subordinados estuvieran «destinados acumplir los fines de aquélla» y que tal celebración obedeciera a «principios de interés público».
La presencia estatal aparecería dejado de lado en el caso “Schirato” del año 1982 en el que se consideró administrativo un contrato celebrado por una cooperadora escolar y un empresario particular, por entenderse que la cooperadora había actuado en esa oportunidad por delegación del Ministerio deCultura y Educación.
No obstante, vale adelantar que en el caso “Davaro” del año 1992 en una cuestión de competencia en la que Telecom era demandada, la Corte tuvo un criterio distinto y determinó que la cuestión, vinculada a la prestación de un servicio público por la concesionaria, correspondía que fuera conocida por la justicia federal en lo civil y comercial y no —como lo sostenían los jueces Fayty Barra— por la contencioso administrativa.
2) Objeto: el fin público
Este componente aparecía considerado en el precedente “Cooperamet”. La doctrina, por su lado acompañaba este criterio al señalar que los contratos administrativos eran aquéllos que tuvieran por fin la satisfacción de necesidades públicas (Marienhoff).
En el precedente “Albano” del año 1968, la Corte entendió que pese a queun contrato obedecía a un fin público, el régimen al que estaba sometida la entidad autárquica que lo había celebrado impedía la aplicación del régimen legal de las obras públicas (se relativizó, el fin público no es elemento definitivo para que sea contrato administrativo).
Sin embargo, en un pronunciamiento posterior, caso “Ingeniero Livio Dante Porta” del año 1973, y pese a que existía elmismo régimen señalado, la Corte había afirmado que un contrato de provisión de locomotoras y repuestos para Ferrocarriles Argentinos era administrativo.
Pero más tarde volvería al criterio sentado inicialmente en el caso “Intercar” del año 1979, donde se sostuvo que un contrato de provisión de “zorras” para Ferrocarriles Argentinos no era administrativo (se retoma Albano, criterio según el cual elobjeto del contrato con fin del Estado no es elemento esencial).
Ello demuestra que hasta ese entonces la finalidad no constituía un componente decisivo del contrato, y que la Corte se ajustaba al régimen normativo específico que regía la relación contractual para asignarle carácter administrativo o privado al contrato.
3) Cláusulas exorbitantes
En el año 1984 la Corte introduce en sujurisprudencia la noción de cláusula exorbitante para la caracterización de un contrato como administrativo en una serie de pronunciamientos donde tuvo que dirimir cuestiones de competencia. La mayoría de dichos casos la parte estatal estaba constituida por empresas públicas. No estaban incluidos en la ley de obra pública, pero tenían un régimen exorbitante del régimen privado; el Estado teníaprerrogativas (ej. ius variandi).
Segunda etapa – A partir de 1984:
La consolidación del criterio del contrato administrativo. La CSJN analizó, simplemente, si existían cláusulas exorbitantes el contrato era administrativo.
En la segunda etapa se consolida la concepción del contrato administrativo a partir del voto del juez Fayt en la causa “Dulcamara” de 1990, voto que prácticamente condensa toda la...