CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE LEGALIDAD ADMINISTRATIVA

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE LEGALIDAD ADMINISTRATIVA


AUTOR: Angel Demetrio Sandoval Ochoa

I. INTRODUCCIÓN
Preguntarse cómo debe actuar la administración pública frente a una norma que es contraria a la Constitución, es un tema que reviste singular importancia, dado que no ha sido de uniforme criterio debido a un retrógrado legalismo; sin embargo, ha sido gracias a nuestroTribunal máximo de interpretación de la Constitución que se ha ido esclareciendo este importante tema, a favor de los administrados, quienes bien informados podrían hacer efectivos sus derechos vulnerados en las propias instancias administrativas, logrando la inaplicación de las normas contrarias a la Constitución, sin tener que recurrir a las vías judicial o constitucional.

II. MARCO DEACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Debemos iniciar la reflexión precisando que la administración se encuentra inexorablemente sujeta al principio de legalidad1. Todo lo que haga o decida hacer tiene que tener como fundamento una disposición expresa que le asigne la competencia para poder actuar de tal o cual manera.
Por ejemplo, si una entidad pública tiene en su ley de creación asignada lafunción genérica sobre la labor administrativa a su cargo, pero no se establece en ella como potestad, la potestad de sancionar, dicha entidad no puede vía interpretación concluir que es tácita su competencia para sancionar por el hecho que la ley haya tipificado las infracciones, establecido las sanciones pero no definido el organismo sancionador.
Es decir, la actuación del funcionarioadministrativo no se rige por el literal a) del inciso 24 del Artículo 2 de la Constitución. “Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” que constituye una garantía fundamental de la persona humana. Sino por la cara opuesta de esa garantía: el funcionario de la administración en ejercicio de sus funciones solo puede hacer lo que la ley le permite hacer yestá impedido de hacer lo que ella no le faculta.
¿Por qué adoptar ese tratamiento diferenciado para el comportamiento de la persona individual, de la del funcionario administrativo?
El Estado, a través de la administración pública hace uso de su ius imperium y somete a los miembros de la colectividad nacional (administrados) a las regulaciones y disposiciones necesarias para una adecuadaconvivencia, dentro de un Estado de derecho. Dentro de ese marco reconoce derechos, establece cargas, exonera de ellas, señala responsabilidades, autoriza, sanciona, entre otras.
Si el funcionario administrativo pudiera regirse solamente por el literal a) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, entonces su actuación estaría supeditada únicamente a su conciencia y curiosamente el ciudadano(administrado) vería afectada tal garantía Constitucional. En resumen un caos en el manejo del Estado.
Por ello, es fundamental la presencia del principio de legalidad en la actuación de la administración.
Lo expuesto no significa que el funcionario administrativo es un mero “aplicador literal” de la norma, sino que es el principio de legalidad el que marca el ámbito de movilidad del funcionario. Enalgunos casos, su actuación estará muy restringida por la disposición legal, más en la mayoría de los casos existe suficiente discrecionalidad de la administración en su actuación. Pero esta discrecionalidad solo es posible siempre y cuando el marco legal así se lo permita.
Por ejemplo, en una infracción de tránsito o en una infracción tributaria, el policía o el funcionario de la SUNAT, en su caso,aplica directamente la sanción que corresponde a la infracción tipificada. Pero en un ente regulador como Osiptel, frente a una infracción de un prestador del servicio público de telefonía, el funcionario tiene que evaluar, usando su discrecionalidad y aplicando los principios del procedimiento administrativo sancionador, que monto de multa aplica entre el monto mínimo de 10 UIT o el monto...