Cop 20

Nuestro país es uno de los más vulnerables al cambio climático. Nadie duda de la gravedad y la urgencia del tema ni de la necesidad de respaldar toda iniciativa que nos permita afrontarloseriamente. Por ello, a pesar de algunos antecedentes poco felices, nos toca ser optimistas -aún- respecto a los pre-acuerdos que se puedan dar en esta COP con miras a que en el 2015 se suscriba un acuerdoglobal con compromisos ambiciosos, concretos, medibles y exigibles de reducción de emisiones de gases efecto invernadero y de financiamiento para la adaptación al cambio climático.
Pero la COP 20 eratambién la oportunidad para nuestro país de abrir un debate interno que llevara al fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental. Y ahí, lamentablemente, resulta mucho más difícil mantener eloptimismo. Este ha sido más bien un año en el que se ha debilitado la institucionalidad ambiental con el pretexto de atraer inversiones para afrontar la crisis económica. Por ejemplo, en julio de esteaño se aprobó a iniciativa del Ejecutivo la Ley 30230 que recorta funciones al Ministerio del Ambiente y al Organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Establece, entre otras cosas, que loslímites de contaminación ya no serán definidos por el MINAM sino con los sectores promotores de la inversión como el Ministerio de energía y minas y PRODUCE, incorporando una evaluación económica, es decir,se supedita la protección del medio ambiente, y por ende de nuestra salud, a los intereses empresariales. Se establece también un “periodo de gracia” de tres años durante los cuales el Organismo defiscalización ambiental deberá preferir las medidas preventivas y correctivas antes que las medidas sancionadoras y, solamente en casos muy graves, impondrá multas pero “con rebajita” de 50%.
Los plazospara los estudios de impacto ambiental se han ido recortando de manera incoherente, a través de normas dispersas y contradictorias. Inclusive en estos días se pretendió en el Congreso un nuevo...