CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ISIDRO CABALLERO

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO CABALLERO DELGADO Y SANTANA

SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1995

En el caso Caballero Delgado y Santana,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:
Héctor Fix-Zamudio, Presidente
Hernán Salgado Pesantes, Vicepresidente
Rafael Nieto Navia, Juez
Alejandro Montiel Argüello, Juez
Máximo Pacheco Gómez, Juezpresentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Ana María Reina, Secretaria adjunta
de acuerdo con el artículo 45.1 del Reglamento (en adelante “el Reglamento”) de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), dicta la
siguiente sentencia sobre el presente caso.
I
1. El 24 de diciembre de 1992, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante“la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante
esta Corte un caso contra la República de Colombia (en adelante “el Gobierno” o
“Colombia”) que se originó el 4 de abril de 1989 por medio de una “solicitud de
acción urgente” enviada en esa fecha a la Comisión y en una denuncia (Nº 10.319)
contra Colombia recibida en la Secretaría de la Comisión el 5 de abril de 1989. La
ComisiónInteramericana designó como su delegado ante la Corte a Leo Valladares
Lanza; como asistentes a Edith Márquez Rodríguez y Manuel Velasco Clark. Además
nombró como asesores legales a los señores Gustavo Gallón Giraldo, María Consuelo
del Río, Jorge Gómez Lizarazo, Juan E. Méndez y José Miguel Vivanco.
2. La Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (enadelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y el
artículo 26 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso con el fin de
que la Corte decida si hubo violación, por parte de Colombia, de los artículos 4
(Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad
Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en relación2
con el artículo 1.1 de la Convención que establece la obligación de respetar y
garantizar esos derechos, en perjuicio de los señores Isidro Caballero Delgado y
María del Carmen Santana. Además consideró que se violó el artículo 2 de la
Convención, “en base al principio pacta sunt servanda” por no haberse adoptado
disposiciones de derecho interno tendientes a hacer efectivos tales derechos yel
artículo 51.2 en relación con el 29.b) de la misma, al incumplir las recomendaciones
formuladas por la Comisión. Solicitó a la Corte que requiera al Gobierno “inic[iar] las
investigaciones necesarias hasta identificar y sancionar a los culpables... inform[ar] a
los familiares de las víctimas sobre su paradero... [que declare que] debe reparar e
indemnizar a los familiares de las víctimaspor los hechos cometidos por sus
agentes... [y que lo condene] a pagar las costas de este proceso”.
3. Según la Comisión el 7 de febrero de 1989, en el lugar conocido como la
vereda Guaduas, jurisdicción del Municipio de San Alberto, Departamento de El
Cesar, Colombia, Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron
capturados por una patrulla militar conformada por unidades delEjército de
Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita
a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. La detención se habría producido por
la activa participación del señor Isidro Caballero Delgado como dirigente sindical del
magisterio santandereano desde hacía 11 años. Con anterioridad y por el delito de
porte ilegal de armas había estado detenido en laCárcel Modelo de Bucaramanga y
se le concedió la libertad en 1986; sin embargo desde esa fecha era
permanentemente hostigado y amenazado. María del Carmen Santana, “de quien la
Comisión posee muy poca información, [también] pertenecía al Movimiento 19 de
Abril (M-19)” y colaboraba con Isidro Caballero Delgado promoviendo la participación
del pueblo para la realización del “Encuentro por...