Critica a la tutela

"CHOQUE DE TRENES"

El presente ensayo pretende aportar nuevos argumentos a la discusión sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de las altas cortes, a través del análisis de un caso concreto. Por lo cual debemos esclarecer que los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y cosa juzgada son principios absolutamente indispensables para mantener encorrecto funcionamiento el Estado de Derecho como lo es Colombia. Sin embargo, hay que hacer una reflexión sobre la necesidad de que ese Estado de Derecho asegure la justicia material en el sentido de proteger los derechos fundamentales de las personas y la comprobación de que las autoridades judiciales no están exentas de error, lleva a la Sala a recoger la tesis de que en ningún caso habría lugara la tutela contra providencias judiciales para adoptar el criterio de que, muy excepcionalmente, cabría ese mecanismo judicial extraordinario previsto para defender los derechos que fundamentan el modelo de convivencia previsto en la Constitución de 1991. En consonancia con lo expuesto, la Sala adopta la tesis sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providenciasjudiciales. Este cambio, además, se sustenta en la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, en la defensa del contenido del Estado Social de Derecho y en el hecho de que los principios de autonomía judicial y primacía de los derechos fundamentales no son excluyentes. Así mismo Según la doctrina constitucional vigente, para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, eljuez debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales.

Siguiendo este razonamiento, en el entendido que la procedencia de una u otra acción está determinada por la pretensión que se formule ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es menester precisar que cuando se demanda por vía de la acción de simple nulidad un acto de contenido particular y concreto que crea oreconoce un derecho subjetivo, pese a que el mismo haya sido declarado nulo en la respectiva sentencia, el juez de la causa está obligado a mantener intangible el derecho en cuestión ya que, el pronunciamiento judicial en estos casos es única y exclusivamente de legalidad en abstracto. Hay que tener en cuenta que, una vez vencido el término de caducidad previsto en la ley para el ejercicio de la acciónde nulidad y restablecimiento sin que ésta se haya impetrado (que es de cuatro meses) si se trata de un particular (dos años) si quien demanda es una persona de derecho público, el derecho subjetivo reconocido en el respectivo acto administrativo adquiere firmeza jurídica y se torna inmodificable, de manera que, frente a la posible declaratoria de simple nulidad del acto, la cual puede promoverseen cualquier tiempo, deben hacerse prevalecer los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima en favor del titular del derecho previamente reconocido.
Como lo expresan los altos funcionarios y sujetándonos a su concepto que la preservación de la orden de destrucción, a pesar de la nulidad del acto administrativo, es problemática, en términos de interdicción de la arbitrariedady de Estado de derecho, pues no parece admisible que las autoridades realicen una demolición de una vivienda, si ha sido declarado nulo el acto administrativo que la ordenó. Y es que de las decisiones judiciales se espera que tengan efectos prácticos, y no puramente teóricos, por lo cual no es razonable que existan sentencias de nulidad de un acto administrativo individual que no tengan realesefectos jurídicos, pues el acto es retirado del ordenamiento por orden judicial, pero todo el mundo tiene que seguir actuando como si el acto siguiera siendo válido. Parecería entonces necesario que concluir que esa orden de destrucción de la edificación no puede ejecutarse. Pero esa solución es también problemática, pues implica una erosión de la distinción entre acción de simple nulidad  y...