Danton

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  • Publicado : 10 de marzo de 2011
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El sistema jurídico, entendido como herramienta eficaz dentro del marco de la protección de derechos e intereses colectivos, ha tenido una evolución y desarrollo realmente reciente en nuestro país; se podría decir que es a partir de la Constitución Política de 1991 que el concepto de derechos sociales ha ido tomando fuerza y ha permitido la entrada de múltiples instrumentos tendientes a darleefectividad y prioridad al grupo o comunidad como sujeto activo de derechos.

Es por lo anterior que instituciones jurídicas como las Acciones Populares y las Acciones de Grupo, fueron contempladas y elevadas a rango constitucional, debido a su especial característica de traspasar la protección de los intereses supraindividuales y otorgar una tutela efectiva a las cada vez más numerosas necesidadesy reclamaciones de una pluralidad de sujetos, que han visto truncadas sus aspiraciones de justicia en un sistema pobre en eficiencia y eficacia.

Pese a algunos asomos legislativos que vislumbraban la aparición de esta clase de mecanismos de protección colectiva, tales como el Estatuto del Consumidor y la Ley 45 de 1990, éstos no tuvieron verdadera importancia sino hasta 1991, cuando, comoparte del esquema de un estado social y democrático de derecho, los valores sociales adquirieron toda la relevancia posible dentro de un país sumido en la supremacía de los intereses clasistas; lo cual llevó a considerar que a aquellos detentadores de la posición dominante dentro del grupo social les asiste una responsabilidad frente a quienes de una u otra forma siempre han estado desprotegidos ycarentes de toda vía legal para defender sus posiciones; es así como de forma paulatina se ha ido erigiendo la figura de la acción de grupo como principal herramienta de reparación e indemnización para aquel grupo, categoría o clase que viera vulnerados sus derechos.

Sin embargo, aunque estaban dadas las condiciones, consagrados los fines y los objetivos de la acción; dada su especialidad yrelevancia, unido esto a la poca experiencia en la aplicación de esta clase de procedimientos, se hizo necesaria la espera de siete años más para establecer su desarrollo legislativo. Desarrollo éste que dio como resultado la Ley 472 de 1998, en la cual se reflejó un trabajo exhaustivo y riguroso, que tuvo como objetivo primordial la aplicación de los principios de celeridad y eficiencia, principioséstos que los mecanismos jurídicos existentes no proporcionaban a una comunidad sumida en la desprotección de sus intereses e insatisfacción de sus necesidades.

Al aparecer una nueva ley, y en este caso en particular una ley tendiente a hacer efectiva la protección de derechos sociales y grupales, no basta con la simple consagración taxativa del procedimiento a seguir, sino que surge la imperiosanecesidad de adecuar y acomodar la concepción, tanto de los operadores judiciales, como de los destinatarios del sistema jurídico, lo cual permite la unidad y armonía en la interpretación de las normas. Es precisamente este aspecto, y no el vacío legal, el que ha dado lugar a contradicciones y contraposiciones en la aplicación y el desarrollo procesal de la Acción de Grupo, las cuales pese a losesfuerzos de la doctrina y la jurisprudencia por superarlas, han llevado a que esta acción no tenga un reiterado y adecuado uso por parte de la comunidad, pues ante la demora y la traba – por aspectos puntuales como lo son la admisión de la demanda debido a la integración del grupo, el requisito de existencia previa del mismo, las condiciones de causalidad del daño y la figura del abogadocoordinador – se ha generado una concepción de poca efectividad de la acción respecto a la tutela de esta clase de derechos.

Actualmente por la imposibilidad física y presupuestal ha sido difícil poner en funcionamiento los Juzgados Administrativos por lo cual los Tribunales Superiores de Distrito Judicial se encuentran sobresaturados en su capacidad de conocimiento, pues no sólo están conociendo de...
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