DEMANDA DE AMPARO FUNDADA

EXP. N.° 2122-2003-AA/TC
HUÁNUCO
FÉLIX VALOIS RAMÍREZ MORA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 5 días del mes de enero de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don Félix Valois Ramírez Mora contrala sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 199, su fecha 10 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 31 de octubre de 2002, interpone acción de amparo contra la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a fin de que se declare la inaplicabilidad de la Resolución N.° 452, del 5 dejulio de 2002, y de la Resolución N.° 138-01, del 12 de diciembre de 2001, en virtud de las cuales se le impone la sanción disciplinaria de multa ascendente al 10% de su remuneración, como consecuencia del proceso administrativo instaurado en su contra a raíz de un supuesto retardo en la tramitación del Expediente N.° 44-98-T, situación que, según alega, vulnera sus derechos constitucionales a undebido proceso, de defensa y al trabajo. Manifiesta que las cuestionadas resoluciones son extemporáneas, pues, al emitirse la de la primera instancia administrativa, no se observó el plazo de 30 días útiles otorgado para la realización de la investigación, emitiéndose nueve meses después del referido plazo; y que la de segunda instancia se emitió más de cinco meses después de presentada suapelación, hecho que vulnera el artículo 59° del Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, y el artículo 99° del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS. Expresa, también, que a la fecha de emisión de la resolución de primera instancia administrativa, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción de la investigación regulado en el artículo 63° del Reglamento de la OCMA, y el plazo de caducidadprevisto en el inciso b.b) del artículo 13° del mismo Reglamento, por lo cual se debió declarar de oficio la prescripción del proceso, y evitar pronunciarse sobre el fondo del proceso de investigación instaurado sin la debida observancia de los plazos perentorios establecidos para su trámite.
La emplazada propone la excepción de caducidad, alegando que al declararse infundada la prescripción propuestapor el actor dentro del proceso administrativo disciplinario, no se ha vulnerado el debido proceso, toda vez que los magistrados de la OCMA interpretan el artículo 204° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que debe entenderse que el cómputo del plazo para que opere la prescripción, por mandato legal, no debe iniciarse desde que se produjeron los hechos, sino desde el momento enque el órgano de control toma conocimiento de ellos.
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial manifiesta que la demanda es improcedente, y que en el caso de autos no se evidencia la afectación de derecho constitucional alguno, toda vez que el proceso administrativo disciplinario se tramitó conforme a ley, habiendo el actor ejercido su derecho de defensa, siendoevidente que la acción está dirigida a enervar la validez de resoluciones emanadas de un procedimiento administrativo regular.
El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 18 de marzo de 2003, declaró improcedente la demanda, por estimar que la demanda fue interpuesta fuera del plazo de caducidad contemplado en el artículo 37° de la Ley N.° 23506.
La recurrida confirmó la apelada por el mismofundamento.
FUNDAMENTOS
1. El Tribunal Constitucional no comparte la sesgada interpretación de los juzgadores de ambas instancias, quienes estiman que la demanda ha sido presentada vencido el plazo previsto por el artículo 37° de la Ley N.° 23506. En efecto, tanto la recurrida como la apelada no han tenido en consideración que el 7 de octubre de 2002 fue declarado feriado no laborable...